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En sus casi 50 años, el restaurante de Monjitas 386 ha sido frecuentado por artistas y políticos de izquierda. En el Hao Hwa han comido desde Pedro Lemebel, quien le dedicó una crónica, pasando por figuras del espectáculo y la televisión, hasta el Presidente Gabriel Boric. Pero contar la historia de este espacio del progresismo es también la de su dueña: Alejandra Cai, una mujer que a mediados de los 90 llegó a Chile desde la provincia de Cantón, China, sin hablar español, con el único objetivo de mantener en pie un local familiar que, sin proponérselo, se transformó en un ícono para la comunidad LGBTQ+. Fotos de Valentina Bird. El restaurant de Monjitas 386 tiene historia rebelde. Inaugurado en 1977, en sus inicios no se parecía nada a lo que es ahora: el acuario estaba donde está el bar, la caja donde está el sushi y unos muebles tapaban la ventana. Era malo el negocio, no vendía mucho. Era, además, poco querido por los chinos porque en el barrio, explica su dueña Alejandra Cai , no había nada. Era un escondite. Un refugio contra las miradas que recibía la diferencia marica: un hombre sentado con otro hombre, una mujer comiendo con otra mujer. En la oscuridad tránsfuga del local de Bellas Artes, chiquillos se conocían, maridos traían a su amigo secreto, parejas terminaban y se armaban otra vez. Clientes que comenzaron a llamarle “ los chinos gay ”.  De ahí el nombre que usó Pedro Lemebel , comensal insigne, para titular la crónica sobre el asalto que vivió el 30 de diciembre de 2003. Esa noche terminaron él, la Jovana –su agente literaria– y la Pacita Fernández de Castro junto a los chinos y locas en el subterráneo, a punta de ¡no levantís la cabeza, conchetumadre! , con las canciones de Luis Miguel de fondo. Alejandra se encontró con esa sorpresa: el restaurante vacío, las luces y la música encendidas. Unas sombras le quitaron el reloj, sus aros y la empujaron hasta abajo. Sólo pensaba en sus hijos, que en cualquier minuto su mamá se los traería para que durmieran con ella en el segundo piso. “Gracias a ese artículo se hizo mucho más conocido el local, pero cada vez que me preguntan me hace entrar en malos recuerdos”, sincera.   “Los clientes venían escondidos, siempre como amigos y como aquí los acogimos bien, siguió  viniendo mucho. En el 94 llegaban grupos, todos los sábados lleno de clientes gays. Hacían sus cumpleaños, todo. Pero con el tiempo se fue muriendo mucha gente”, recuerda Alejandra. Un local donde, describía Lemebel, “se puede conversar, brindar y pololear en rosa sin que nadie se espante”, en el que “se mezclan maricas clase media, artistas del beso negro e intelectuales de parrandera tolerancia con amigas de las amigas”. Alejandra cuenta que ella no hace reparos con sus comensales. “Son todos iguales para mí, ni siquiera se me pasa por la cabeza: ¿será gay o lesbiana? Yo con todo el mundo soy muy cariñosa”. Alejandra Cai llegó a Chile en los años 90 para hacerse cargo del Hao Hwa, el icónico restaurant conocido popularmente como "los chinos gay". Y en eso pienso: ¿Qué diría Lemebel de la actual clientela? ¿A qué apuntaría con su lengua filuda? ¿A los Smartfit, OnlyFans, el popper o Grindr? ¿Si supiera de nuestra fauna coliza en términos gringos? ¿De que en ninguna librería del sector están disponibles sus crónicas? ¿O de que las actuales figuras del progresismo almuercen en “ los chinos gay ”? A sus comensales diversos hay que sumar políticos como el ministro Mario Marcel, la candidata Carolina Tohá o el Presidente Gabriel Boric, y figuras del mundo del espectáculo y la tv como el periodista José Antonio Neme, la actriz Josefina Montané, la cantante Francisca Valenzuela, la fotógrafa María Gracia Subercaseaux o el crítico gastronómico Álvaro Peralta Sáinz, el famoso Don Tinto . En el Hao Hwa Alejandra conoció al animador Pancho Saavedra, al productor William Geisse -con quien va a Fausto discotheque-, a la recordada transformista Francis Françoise y al mismo Pedro Lemebel. Ella cuenta que aquí ha conocido a muchos amigos y que todos le dicen que es una china atípica. Una lengua extranjera  El 22 de marzo de 1994 llegaste desde Zhaoqing, una ciudad-prefectura de la provincia de Cantón. Aterrizaste en Santiago de Chile, a tus 21 años, sin hablar una palabra de español. Llegaste sin ser Alejandra todavía. “ Mi nombre es Ruiru, Alejandra es mi nombre artístico ”, dices, sobre una decisión que muchos orientales deben tomar al llegar al país: elegir su nombre occidental, uno que puedan  pronunciar sin dificultad los hispanoparlantes. “En ese tiempo había pocos chinos y los nombres después los pronunciaban chin chu lan cha . Así que para evitar eso preferí uno con el que me pudieran llamar fácilmente”. Uno que tampoco escogiste, sino con el que te bautizaron las garzonas de esa época: la María, la Inés, la Julia y la Paula.  El Hao Hwa fue el tercer chino en abrir en Santiago, después del Palacio Danubio Azul y el Lung Fung –donde filmaron “ Una mujer fantástica ” y que cerró tras un incendio en 2019–. Inaugurado hace 47 años por los abuelos de tu marido, se trata de una tradición familiar. No había herederos que quisieran seguir este camino y entonces llegaste con Jintao, con quien te casaste acá. “Porque cuando necesitan ayuda hay que venir”, declaras. Tu padre ya había llegado el 87, también a ayudar. Tu padre, que por un malentendido con el idioma se aventuró a abrir otro local en San Fernando, en lugar de San Bernardo, perdiendo esa inversión.  Quizás fue ese hecho el que te llevó a practicar tanto el español hasta incorporar el po  y el cachai . Y apoyada en unos libros de castellano que había dejado la familia anterior, aprendiste más del idioma desde la trinchera que era la atención de la caja. “Los clientes se reían de mí, donde yo decía ‘aloz’. Así que empecé a aprender el rrr rrr.  Fueron días de trabajo, hasta que un día rrrrrrrr  salió. Y dije ARROZ, por fin. No soportaba que la gente se riera de mí. Me sentía tan mal… Uno pensaba que el mundo occidental era más avanzado, pero no”.  El Hao Hwa fue el tercer chino en abrir en Santiago, después del Palacio Danubio Azul y el Lung Fung –donde filmaron “ Una mujer fantástica ” y que cerró tras un incendio en 2019. Los chinos gay se convirtió en un espacio seguro para la comunidad LGBTQ+. Es que en China podrías haber tenido otra vida. Fuiste criada en una aldea en el campo, rodeada de árboles que crecen entre uno de los brazos del Río Perla y casitas de madera, donde no hablaban ni mandarín ni cantonés, sino huilong, un dialecto local que hoy sólo sigues practicando con Jintao. Él, un hombre favorecido con un físico que lo hacía destacar entre la precariedad de la época. “China estaba muy atrasada, hasta el 90 todo estaba muy caro, nunca crecimos con leche líquida, sino con polvo. Mi marido y todos sus hermanos son altos, una de la muy poca gente así tan bonito ”, recuerdas.  A pesar de tu seguridad, de la facilidad con que respondes un pedido que vienen a retirar y de saber el nombre de casi todos tus clientes y sus platos favoritos, tuviste dudas. “Uno se desespera y se pregunta si tomé bien la decisión, porque estaba en la universidad y si no hubiera venido, mis compañeros, mi familia, dicen que habría sido muy grande. Sería, no sé, gerente de una empresa”. Ibas en segundo año de diseño industrial cuando te marchaste. “Pero no me arrepiento porque la experiencia que aprendí en Chile –pausas– allá nunca la iba a tener. Hoy China está muy desarrollado, pero para las personas importantes está restringido: no puedes salir, te retienen el pasaporte, hay cosas que uno no puede hacer porque piensan que te vas a arrancar”.  “Los clientes se reían de mí, donde yo decía ‘aloz’. Así que empecé a aprender el rrr rrr.  Fueron días de trabajo, hasta que un día rrrrrrrr  salió. Y dije ARROZ, por fin. No soportaba que la gente se riera de mí. Me sentía tan mal… Uno pensaba que el mundo occidental era más avanzado, pero no”, dice Alejandra. Pero no me arrepiento, declaras. Aquí criaste a tus hijos, que tantas veces detrás de la caja hacían las tareas del colegio. Hoy tienen 28 y 24 años: ella vive en París, él estudia ingeniería en la Universidad Católica. “Todas las cosas que quería yo, las dediqué a ellos. Imagínate, todos los chinos juntando plata para comprar propiedades y yo no, siempre junté plata para llevarlos de viaje. Creo que esa fue la mejor inversión”, aseguras confiada, optimista, sacando cuentas alegres. Ruiru migró para que Alejandra pudiese mantener en pie un local que, sin proponérselo, se transformó en un ícono para la comunidad LGBTQ+, que en 2018 fue premiado como " Lugar más popular" por Gaydatos , y orgullosa señalas una G transparente que destaca en una vidriera repleta de teteras, budas, guerreros y santos, bonsáis y bambús. Quizás en China, la joven Ruiru no hubiese conocido a ningún chino gay. “Había escuchado de hombres gays, pero nunca había visto en mi vida”. Y aquí estás viendo a otro más que te pregunta por tu pasado. Pero en este rincón del mundo encontraste lo que traduces como Hao Hwa: prosperidad. en 2018 el restaurant fue premiado como Lugar más popular por Gaydatos, y Alejandra orgullosa señala una G transparente que destaca en una vidriera repleta de teteras, budas, guerreros y santos, bonsáis y bambús. Menú presidencial Pasando los letreros de neón, entre cuadros de pavos reales y el aroma que dejan los wantán recién fritos, está el Presidente Gabriel Boric, la tarde de un domingo de marzo. A solas en el salón que da a la calle, custodiado por un biombo de madera, alejado de la polémica por la casa de Allende o de la pregunta por quién llevará el rumbo del país por los siguientes cuatro años, usa jockey y lentes negros, como si nadie lo fuera a reconocer. De todo lo que hay en el restaurante, si se trata de comida china, entonces su favorito son los baos de cerdo. Si hay que elegir de la carta japonesa o la thai, el crispy roll y el sake ebi o el pad thai. “Ahora la Ale empezó a hacer unos sushis especiales de varias mezclas, no el estilo nikkei, que también son increíbles”, responde con naturalidad, como un conocedor, mientras que para otras respuestas hace una pausa antes de adoptar el tono discursivo que lo caracteriza.  –¿Qué hay acá que no hay en otros lugares del sector o de comida china?  “Hay algo que sólo se construye con el tiempo que es la sensación de pertenencia, de complicidad y de poder ir a un lugar y que sepan lo que quieres. Yo vengo hace años con harta frecuencia, conozco a la Alejandra y siempre es muy agradable. Sentirse en casa es para mí muy importante. Es un espacio de confianza donde uno puede comer tranquilo, la calidad de los ingredientes es muy superior en general al promedio. La ubicación es muy rica. Casi siempre vengo solo y puedo tener un espacio tranquilo en el Hao Hwa ”.  –¿Qué encuentra cuando viene solo?  “Encuentro un espacio de paz para leer, para poder estar harto rato sin que haya una presión por irte rápido para desocupar la mesa. Encuentro la buena onda de Alejandra y la gente que trabaja con ella, el Dani, la Luna, que son siempre muy amables. Para mí es un espacio de calma en medio de la ciudad”.  –En estos más de 10 años, ¿qué es lo que ha cambiado del Hao Hwa y qué se ha preservado?  “Yo creo que la gracia del Hao Hwa es que la calidad se ha mantenido muy consistente en el tiempo, cosa que no pasa muchas veces con los restaurantes que les va bien, que empiezan a privilegiar rendimiento, producción y precio por sobre calidad. Ha habido mucho prejuicio con el barrio últimamente, o sea, en los últimos años después del estallido y la pandemia, pero creo que el barrio se ha ido recuperando y va a ir cada vez más para arriba”.  Sentado en diagonal al mandatario con mi bolsa de baos para llevar, le cuento que hace un año me vine a vivir cerca de Baquedano y que me parece surreal –aunque surreal no era la palabra adecuada– que los viernes sigan quemando cosas un grupo de señoras vestidas de negro: un colchón, un sillón, una rama, y él agrega que la última vez actuaron con más fuerza. Tan surreal –ahora sí– como conversar con el Presidente un domingo en los chinos gay.  Semanas después, Alejandra contará que el mandatario viene desde cuando era dirigente estudiantil. Días antes del 11 de marzo de 2022, ella le dijo “chao, Presidente, qué le vaya súper bien”, pensando en que no volvería, pero él respondió “voy a venir siempre”. Un hecho que ella describe como un honor: “Yo no sé qué tengo, pero siempre me ha querido. Me escribe, me pregunta por mi salud”. Lo dirá harto después porque para contar esta historia tuvimos que agendar la entrevista con anticipación, es que tiene menos tiempo que el Presidente o algo así dirá Gabriel Boric, horas antes de viajar a la India. China próspera  En los últimos años han cerrado clásicos del barrio como el Squadritto o Les Assassins. Mantenerse en pie después del estallido social y la pandemia fue difícil. “En octubre de 2019 bajó el 60 por ciento, tuvimos que despedir un barman, un sushero y un garzón”, dice la dueña del Hao Hwa. “El día de la marcha más grande de Chile, se juntaron miles de personas a apedrear como si demolieran un edificio”, describe sobre lo que ocurrió con las oficinas de la Cámara de Comercio y una época que marcó un antes y un después para ella. A lo que luego se sumó el Covid-19, el FOGAPE y un préstamo de 60 millones del que vienen saliendo.  Antes de que Chile fuera otro Chile, para luego decidir seguir siendo el país que era antes, el Hao Hwa vivió su época de oro: desde el 2012 al 2019. “Estaba a full, día y noche. Los jueves nunca había asientos. Se llenaba por la Nelly Richard, todo el mundo la seguía, llegaban como 30 a 40 personas. Y había muchos más grupos: pintores, actores, artistas”, recuerda Alejandra sobre esas mesas repletas entre las que se sentaba la crítica cultural.  Con su marido habían hecho cambios. Tras el asalto dejaron el segundo piso, en 2007 se sumó el chef del primer Kintaro, hasta que se fue y ella tuvo que aprender a preparar las salsas para el sushi, tal como la letra de un nuevo idioma. Dos años después vino la remodelación. Finalmente, se sumó la cocina thai. El Hao Hwa vivía, como lo indica su nombre, prosperidad.  –¿Dirían que ustedes están en un modo de resistencia? “Yo creo que sí. Mira, él venía con Lemebel”, señala a Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los gays, quien se sienta a comer en otra mesa.  Le pregunto qué espera. “El Presidente dice que se va a poner mejor el barrio, ojalá. Creo que la delincuencia en algún momento va a llegar a su peak. Todas las cosas tienen un ciclo. No sé si un día va a volver a suceder lo de antes”, responde pensando en la edad de oro y en cómo celebrar los 48 años del restaurante en agosto. A lo mejor un evento con drag queens, pero podría llegar mucha gente y eso le preocupa porque el segundo piso no está habilitado.  – ¿Cómo quieres ser recordada? Cuando en el futuro alguien piense en el Hao Hwa.  “No sé”, ríe. “Yo me pregunto, ¿cómo será Hao Hwa si algún día tenemos que irnos? Siempre pienso eso. La gente me tiene mucho cariño. Porque yo entrego cariño sincero y la gente también me quiere por cómo soy. Antes era tímida y hoy no, soy otra. De hecho mi familia en China me dice ‘ahora estás diferente’. Porque los clientes me educaron con muchas cosas y yo carecí de todo eso cuando chica: historia, política, a nadie le importaba”.  De esas visitas al otro lado del mundo, Alejandra siempre regresa con una receta nueva, con ganas de incorporar alguna preparación a la carta. Dice que a pesar de lo complicado que está acá con la seguridad, Chile le dio la posibilidad de crecer, no se arrepiente. “Allá está muy desarrollado, pero no es mío. Lo mío está acá”.   Al final de esta conversación, en su celular se acumulan notificaciones escritas en chino y, antes de salir disparada a comprar aceite de semillas de sésamo, agrega que va a La Vega dos veces a la semana, que ella escoge las verduras, que corre todo el día porque “siento que los clientes de aquí se merecen buena comida, buen ambiente. Ellos siempre me dicen ‘Alejandra, muchas gracias por el espacio’, pero ustedes mismos hicieron eso, yo no”.

Pedro Pascal no solo es el actor del momento, también es el rostro de una nueva forma de ser hombre: más sensible, lector, abierto a hablar de salud mental y activismo. Pero… ¿esto es realmente un cambio o solo una moda? Hablamos con un psicólogo experto y con varios chilenos de distintas edades para entender cómo están cambiando (o resistiéndose a cambiar) las masculinidades hoy. Y las respuestas son tan diversas como impactantes. En 2024, la prestigiosa revista Men’s Health  encendió una conversación que ya venía gestándose en redes sociales, en universidades, en grupos de terapia masculina y en sobremesas familiares. La portada no mostraba músculos tensos ni miradas rudas: era Pedro Pascal, el actor chileno que ha conquistado Hollywood con papeles complejos y carisma dulce. Pero más allá del estrellato, lo que destacó la revista fue su papel como símbolo de una nueva masculinidad. Una que es tierna, lectora, reflexiva y socialmente comprometida. La publicación argumentaba que Pascal está desafiando el machismo y estableciendo un nuevo ejemplo para los hombres latinos. A algunos les pareció una afirmación exagerada. A otros, un reflejo de los tiempos que corren. La pregunta que subyace es profunda: ¿Estamos frente a una reescritura real de la masculinidad o simplemente ante una moda pasajera? ¿Qué tan dispuesto está el hombre contemporáneo —en especial el latinoamericano— a repensarse? Pedro Pascal fue elegido por la revista Men's Health como el nuevo hombre. La publicación destacaba en 2024 su rol en el quiebre de los estereotipos. Decía que el actor chileno es un nuevo ejemplo para los hombres latinos. Un nuevo guion para "ser hombre" Pedro Uribe, psicólogo chileno, especialista en género y director del colectivo Ilusión Viril , lo plantea con claridad: “Estamos atravesando una transición en torno a las masculinidades. Hay una redefinición de lo que entendíamos por ‘ser hombre’. Los hechos históricos que hemos vivido recientemente —como el estallido social o la pandemia— han desafiado nuestra cultura, y cuando eso ocurre, también se cuestionan los significados que le damos a las cosas”. Según Uribe, estas transformaciones no son meramente discursivas: “Hoy, la cantidad de hombres que asisten a terapia es la más alta registrada. Vemos también un aumento sostenido en las solicitudes de vasectomías. Estos son indicadores tangibles de una mayor conciencia sobre la salud mental y reproductiva”. Pero, como todo cambio profundo, este no es lineal. Hay avances y también resistencias. Un estudio publicado en 2023 por La Vanguardia   reveló que uno de cada cinco jóvenes españoles es más machista que su propio abuelo. Este fenómeno, lejos de ser marginal, evidencia un retroceso preocupante en generaciones que se asumen “despiertas” o “progresistas”. Uribe lo explica como un efecto colateral del cambio cultural: “Cuando las estructuras tradicionales se ven amenazadas, muchas veces se produce una reacción contraria. Algunos hombres, en lugar de adaptarse, se atrincheran en formas más rígidas y agresivas del machismo. Es una forma de resistencia ante el avance de los derechos sociales”. Este panorama muestra que el concepto de masculinidad hoy es un territorio en disputa. La figura de Pedro Pascal, con su mezcla de sensibilidad, humor y activismo, se vuelve disruptiva precisamente porque encarna lo opuesto a ese machismo reactivo. No se impone desde la fuerza, sino desde la vulnerabilidad y la empatía. Voces desde Chile En ausencia de Pedro Pascal, conversamos con distintos hombres chilenos para entender cómo viven ellos esta transición. Las respuestas, diversas y a veces contradictorias, ilustran el estado actual del debate. “Yo he cambiado como hombre en los últimos años: soy más reflexivo, me he vuelto más sentimental y empático”, dice Patricio Trigo, de 68 años. Óscar Franco, de 39 años, cuenta que creció bajo el mandato de la fortaleza: “A mí me enseñaron que ser hombre era sinónimo de no llorar, de no mostrar debilidad, pero ya no creo eso: yo soy un osito sensible”. En el otro extremo, Vicente Espinosa (33) pone en jaque incluso la necesidad de definirse en términos binarios: “No me acomoda decir que soy hombre, prefiero identificarme como persona”. Su perspectiva refleja una mirada post-identitaria, más común entre generaciones más jóvenes o en círculos queer. Pero no todos los testimonios hablan de cambio. Rodrigo Espinoza (32) es tajante: “Los chilenos no hemos cambiado nada: entre nosotros nos tratamos con violencia o con burlas”. Alejandro Mejías (23) apela a su fe como brújula de masculinidad: “Para mí, ser hombre significa ser tal cual como Dios me creó. Él me guía y me dice el hombre que debo ser”. Claudio Sáez (36) expresa una sensación de pérdida y persecución: “Se han perdido los valores que nos enseñaron nuestros abuelos. La tenemos difícil, se nos juzga por todo”. Esta visión es común en discursos que sienten que el feminismo o los nuevos movimientos les “quitan algo”. Por último, Rodrigo Marambio (29) comparte una historia íntima: “Mi mamá me enseñó a ser hombre y tal vez por eso soy más sensible”. Lo que queda claro es que no hay una única respuesta. Ser hombre, hoy, es una identidad que se moldea en la fricción entre el pasado y el presente, entre la tradición y la transformación. Los discursos conservadores suelen apelar a una idea esencialista del hombre, asociada a la fuerza, el liderazgo y la autoridad. En cambio, las nuevas miradas —como la que encarna Pedro Pascal— apuestan por una masculinidad afectiva, que se atreve a dudar, a llorar, a pedir ayuda. El fenómeno de la “pedropascalización” no es, en sí mismo, la solución. Es apenas una figura visible que ayuda a desestigmatizar otras formas de ser hombre. Como todo símbolo pop, puede ser adoptado de forma superficial o profunda. Lo relevante es que está sirviendo de excusa para abrir conversaciones incómodas pero necesarias. "La masculinidad no se define en una revista ni en una red social. Se construye todos los días, en las decisiones cotidianas, en los afectos, en los silencios y en las palabras", dice el experto.

A comienzos de marzo, en una playa de Ancud, Chiloé, los vecinos se encontraron con una escena inesperada: una tortuga olivácea, herida y varada, luchando en silencio por sobrevivir. Sin saberlo, intentaron devolverla al mar, arriesgando su vida. Pero el destino —y la pronta intervención de un equipo técnico— le dio otra oportunidad. Desde el extremo sur de Chile, cruzó el país: pasó por Puerto Montt, luego Santiago, y hoy descansa en Rancagua, bajo cuidados médicos, mientras espera su regreso a las aguas cálidas del norte que siempre fueron su hogar. Fue el 10 de marzo cuando el mar arrastró a la orilla un ser que parecía de otra era. Una tortuga olivácea, especie catalogada en peligro de extinción y que generalmente transita por las aguas tropicales o cálidas, pero esta vez apareció varada en la fría playa de Pupelde, en Ancud . Inmóvil, exhausta y con los ojos apenas entreabiertos, yacía en la arena como si el océano la hubiera devuelto con pesar. A su alrededor, se congregó una pequeña multitud. Eran vecinos, curiosos y turistas. Gente con buenas intenciones, pero sin conocimiento. Algunos se inclinaban sobre ella con ternura; otros, con apuro, intentaban devolverla al mar, creyendo que así estarían salvando su vida. No sabían que aquel impulso podría condenarla para siempre. La tortuga no tenía fuerzas para resistirse. Su temperatura corporal era baja y su energía casi nula.  Pasaron apenas unos minutos hasta que llegó al lugar el equipo de Sernapesca. Al ver la escena —la tortuga rodeada de gente y algunos aún intentando devolverla al Pacífico— intervinieron de inmediato. Era evidente: el animal no estaba en condiciones para volver al agua. Inmediatamente los funcionarios activaron el protocolo y en menos de cinco minutos ya estaban en contacto con el centro de conservación Chiloé Silvestre, ubicado en la Reserva Marina Pullinque. Abundan en el Pacífico oriental; predomina una mayor concentración de ellas en Venezuela, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, al sur de Panamá y Colombia. También se encuentra en Ecuador, Perú y el norte de Chile. “Me acuerdo que recibí un WhatsApp de Sernapesca: ‘vamos en camino con una tortuga, llegamos en menos de una hora’”, recuerda Javiera López, encargada del área de Medicina y Rehabilitación de Chiloé Silvestre. No hubo tiempo para dudas. Apenas leyó el mensaje, Javiera y su equipo comenzaron a preparar lo necesario para recibir al nuevo paciente. En el centro, acostumbrado a trabajar con recursos limitados, la rutina del rescate siempre implica algo de improvisación. No hay equipos de última generación ni grandes instalaciones, pero sí hay compromiso. Lo importante era actuar rápido, ofrecer atención médica básica y confirmar que la tortuga estuviera fuera de peligro.  Eran las 14:08 cuando Javiera López vio entrar la camioneta por el acceso del centro Chiloé Silvestre. Lo recuerda con exactitud. Dentro del vehículo, sobre una caja, venía la tortuga. Desde su posición, apenas podía distinguir su silueta, pero algo en el ambiente se volvió solemne. En ese instante, todo el equipo se activó con un mismo propósito: salvarla. Entre varios la sacaron con cuidado. Javiera fue quien notó primero la gravedad del estado en que venía. El animal estaba letárgico, como si estuviera atrapado en un sueño profundo. No reaccionaba a los estímulos y mantenía los ojos cerrados, cubiertos por una delgada capa de secreciones. Su cabeza colgaba, vencida por  la fatiga. Javiera se acercó lentamente y la tocó. Por un breve momento, la tortuga parpadeó. Era apenas un gesto, pero suficiente. Estaba viva. Sin perder tiempo, comenzó el examen. Pesaba 37,7 kilos. Era una hembra adulta, con una edad estimada entre los 30 y 50 años. Sin embargo, su condición corporal no era buena, estaba por debajo del peso ideal, aunque no al borde del colapso. Con paciencia, Javiera recorrió cada rincón de su cuerpo, como quien lee una historia escrita en cicatrices. Había una herida antigua y profunda en la aleta izquierda, el caparazón comenzaba a pelarse, y cerca de la cola, la coloración era distinta, quizás señal de una infección. La bautizaron con cariño: la tortu . Y tras el examen inicial, Javiera y Darlyn —encargada de Educación Ambiental del centro Chiloé Silvestre— comenzaron a preparar el espacio donde la paciente pasaría sus primeros días de rehabilitación. La acomodaron en una piscina plástica, el único lugar disponible que podía contenerla con seguridad. Al principio, el agua tibia que necesitaba para regular su temperatura la calentaban con hervidores eléctricos, uno tras otro, sin pausa. Luego, cuando el rescate dejó de ser una emergencia y se convirtió en rutina diaria, consiguieron comprar calefactores. “Con la tortuga tuvimos distintos tipos de gastos. Arreglamos el calefont que no usábamos hace tiempo para tener agua caliente, comprar gas, mangueras y otras cosas que ella fue necesitando”, cuenta Darlyn. Con el paso de los días, la tortu comenzó a mostrar signos de mejora. Su cuerpo recuperaba lentamente la energía perdida. La mantenían sumergida en agua tibia a la que agregaban sal para imitar las condiciones del mar. Le ponían algas en la piscina, el único alimento que aceptaba por sí sola. El resto, se lo administraban de forma forzada, con paciencia y cuidado. También recibía inyecciones con medicamentos que ayudaban a su recuperación. La mejoría se volvía visible: sus heridas cicatrizaban, su cuerpo ganaba fuerza, y empezaba a mover las aletas con determinación. Cada movimiento era una señal y cada parpadeo una esperanza.  Fueron 18 días los que la tortu  pasó en el centro de conservación Chiloé Silvestre. Pero Javiera sabía que, si bien había progresos, el viaje de esta tortuga aún no había terminado. Por eso, mientras ella seguía recuperando fuerzas, Javiera comenzó a gestionar un traslado. Su plan era llevarla a la Universidad de Antofagasta. Ya había enviado una tortuga allí antes y conocía el lugar: al norte del país, con aguas cálidas y las condiciones ideales para una especie como la olivácea. Además, el centro contaba con tortugueras especializadas y un equipo preparado para continuar con el proceso de rehabilitación. El plan sonaba perfecto. Incluso hablaron con Sernapesca para plantear la propuesta. Pero, como ocurre muchas veces en estas historias, el desenlace tomó otro rumbo. Una semana después, el destino no fue Antofagasta, sino Rancagua. Más específicamente, el Parque Safari y su área de conservación, Safari Conservation , encargados de la rehabilitación y, si el proceso lo permite, la futura reinserción de los animales. El 28 de marzo, a las seis de la mañana, comenzó la travesía. Fue Sernapesca quien se encargó del traslado. La tortu  partió en avión desde Chiloé hacia Puerto Montt, luego voló hasta Santiago, y desde ahí fue llevada por tierra hasta Rancagua. A las 18:30 horas llegó a su nuevo hogar.  Durante los primeros procedimientos médicos en Safari Conservation , los veterinarios notaron que la tortuga —identificada oficialmente como PSRM0229 y ya no como la tortu — presentaba signos de deshidratación. La decisión fue inmediata: fluidoterapia. Le administraron suero, un paso necesario para estabilizarla antes de llevarla a su nueva piscina, una estructura acondicionada con calefactores que imitaba, una vez más, el mar que había perdido. Pasaron nueve días. Era un sábado gris, cerca de las cuatro de la tarde, cuando llegó el momento de una nueva curación. En el lugar estaban Diego Peñaloza, Claudia Rojas y Sebastián Castillo, médicos veterinarios.El objetivo era trasladar a la tortu  desde la piscina hasta la sala de procedimientos. El aire olía a mar y dentro de la sala había una camilla al centro, estanterías con medicamentos, un computador cubierto de polvo que parecía no haber sido usado en semanas. En una esquina, una jaula rompía el silencio de tanto en tanto con suaves ruidos. Dentro un conejo —espectador involuntario— acompañó la curación sin protestar. Cada movimiento del equipo era meticuloso. Sabían que, aunque la tortuga mostraba signos de mejoría, seguía siendo frágil. Su cuerpo respondía pero con límites. Antes de traerla, lo prepararon todo: lo primero fue colocar un neumático, el mismo que aún conservaba tierra en los bordes y que serviría como soporte, porque la tortuga necesitaba ese espacio entre su cuerpo y el suelo para poder respirar. Abrieron todas las puertas porque necesitaban espacio, libertad de movimientos y aire. En el fondo del patio, bajo un toldo azul, estaba ella. La tortu.  Reposaba dentro de una piscina celeste, cubierta por una malla café que la aislaba del mundo exterior. Cuando fueron a buscarla, los tres —Claudia, Diego y Sebastián— sabían que cada movimiento debía ser cuidadoso. Desde lejos, apareció su cuerpo verde, robusto, que se movía con fuerza entre brazos humanos. La traían tomada del caparazón. Las aletas golpeaban el aire, su cabeza iba de arriba a abajo, como si reconociera que algo importante estaba por suceder. Cuando la depositaron sobre el neumático, sus aletas no dejaron de moverse. Nadie hablaba. No debía acostumbrarse al sonido de las voces humanas: podría interferir con su rehabilitación. Solo se escuchaban, a ratos, las interferencias de las radios con las que los médicos se comunicaban. Y el zumbido de las moscas, que distraía incluso a Claudia, la veterinaria encargada de sus curaciones, quien, con mascarilla y guantes, batallaba contra insectos y detalles minúsculos a la vez. L a tortu  permanecía quieta. Excepto por su boca, que se abría y cerraba constantemente, dejando escapar una baba espesa. A veces parecía suspirar. Su caparazón se inflaba lentamente, como si con cada respiración se dijera a sí misma que podía aguantar un poco más. La curaron con devoción, le retiraron escamas en mal estado, le revisaron las aletas y también su cuello, grande y abultado, que sobresalía entre la cabeza y el plastrón. Le aplicaron medicamentos, analgésicos, antibióticos. A veces, el dolor la hacía moverse. Azotaba las aletas contra la camilla con violencia. Más de tres veces. Su destino aún es incierto, la tortu s igue a la espera de que le realicen una endoscopia apenas se desocupe la agenda, la cual determinará su estado de salud de una manera más detallada y esta definirá si logrará su retorno al mar. Es un proceso largo, podría llevar meses, y sólo la opinión del médico, la coordinación y decisión de Sernapesca, serán las incógnitas de la ecuación que dará como resultado el regreso a su hogar.

El 4 de junio, Benjamín, un niño de nueve años, vio cómo retroexcavadoras derribaban su casa en una toma de Quilicura. En ese instante perdió su hogar y la continuidad de sus estudios. Junto a su madre tuvo que mudarse a otra comuna, lejos del liceo al que asistía cada día y la educación quedó en la cola de las prioridades. Hoy es uno de los más de 50 mil niños fuera del sistema educativo, expulsado de las aulas tras ser desalojado de su barrio. Sentada en el borde de una silla, con las manos temblorosas, Fabiola evita el contacto visual mientras cuenta esta historia. Su voz es baja, quebrada, como si en cada palabra existiera una posibilidad de perder una de las únicas cosas que le quedan. No quiere que nadie sepa su nombre ni el de su hijo.  “Fui a pedir ayuda a la municipalidad porque ya no cachaba qué más hacer”, susurra, “le conté a la trabajadora social que Benjamín ya no podía ir al liceo desde el desalojo y me respondió que si no iba al colegio, me lo iban a quitar”. Lo último que le recomendó, antes de darle la espalda, fue “ si no puedes con él, quizá sea mejor que lo cuide alguien que sí pueda ”.    El 4 de junio a las 8:30 de la mañana, el campamento Mauricio Fredes de la comuna de Quilicura, fue desalojado . El rugido de las máquinas resonó en cada rincón de las viviendas de hojalata, mezclado con los gritos y las órdenes de las autoridades. Los vecinos, aferrados a quedarse, levantaron barricadas y expresaron su descontento, acompañados por un viejo e inquebrantable miedo a un círculo de pobreza del que pensaron haber salido. Fabiola dice que su hijo de nueve años expresó con frustración: “ No sé por qué me pasa esto ”, como si él tuviera algún tipo de responsabilidad en el desalojo. Ella lo abrazó fuerte. El desmantelamiento del campamento marcó el inicio de una serie de traslados para él y su madre. Se acurrucaron bajo tres techos distintos en menos de dos meses. Pero su mochila de Spiderman   siempre estuvo tal y como se encontraba el día en que se vieron forzados a salir de Quilicura: con sus útiles listos. Benjamín tiene nueve años y en los últimos meses ha vivido en más de tres casas transitorias con su mamá, mientras encuentran un hogar. Él ya no va al colegio. Y aunque la preocupación durante toda esa temporada fue encontrar un lugar dónde resguardarse, otro problema que surgió ante cada reubicación fue el retroceso en su proceso de reintegración en el sistema educacional. Generando su primera deserción escolar . “Al principio, cuando entendió que no iba a volver, me miraba con esos ojitos llenos de preguntas que yo no podía responder … ‘¿Y mis compañeros, mamá?’, me preguntó harto tiempo por esos cabros”, recuerda Fabiola. Hoy, esta madre soltera y su hijo viven en un nuevo campamento ubicado en la periferia de Lampa. Son pocos los parques cercanos, los paraderos de locomoción pública son casi inexistentes y el liceo más cercano está a kilómetros. Fabiola dice que ya no sabe qué hacer, que su trabajo como auxiliar de aseo en un Cesfam le consume todo el día y cuenta que le angustia no poder llevarlo a un liceo. “ Están tan lejos (los establecimientos educacionales) y no me dan los tiempos. Me encantaría poder salir a dejarlo y a buscarlo después, pero si hago eso olvídate de la comida ”, cuenta la mamá. Anotación negativa para el sistema Benjamín abandonó las clases y su deserción escolar es una herida abierta en el tejido de la sociedad que ilustra una red de protección estatal que no fue capaz de sostener la escolaridad de los niños y niñas de ese asentamiento ilegal. La académica UDD y especialista sobre impacto social de la Pontificia Universidad Católica, Macarena Mackay, explica que la deserción escolar es la interrupción prolongada e indefinida del sistema educacional, producido por diversos motivos, ya sea económicos, laborales, sociales o derivaciones de adicciones. Sin embargo, existe la deserción “forzada”, la cual se produce por la reasignación de un lugar para vivir, priorizando la disponibilidad geográfica por sobre la educación, agregó. Según las últimas cifras de 2023 del Ministerio de Educación (MINEDUC) la tasa de desvinculación escolar chilena es de 1.66%, lo cual corresponde a 50.814 estudiantes que no están registrados en el sistema educacional, l​​o que representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto a la tasa del año 2022. Dibujo que hizo Benjamín sobre el día en el que fueron desalojados del campamento. La Organización de Naciones Unidas (ONU), aseveró en su informe sobre “ Desalojos Forzosos ” (2014) que estos son desconcertantes para toda familia, pero son “especialmente traumáticos para la estabilidad de los niños”. Señalaron cómo la violencia, el pánico y la confusión que rodean estos desahucios dejan una huella profunda, que a menudo desencadenan trastornos postraumáticos que dificultan enormemente su aprendizaje y desarrollo sociocognitivo. La madre explica que Benjamín se queda solo en casa, que ya no confía en dejarlo con otras personas, porque en ocasiones anteriores fueron imprudentes con su cuidado, aunque no quiso detallar de qué manera. A pesar de lo difícil que puede ser para un niño enfrentar esta soledad, a Fabiola le genera una paz amarga.  El niño se levanta temprano todos los días, cuando su mamá se va al trabajo y cuando el sol se abre paso entre las paredes de madera y latón. Su rutina es siempre la misma: sale a caminar por los caminos polvorie ntos que bordean la toma. Ha aprendido a inventarse juegos, a veces con piedras, a veces con palos. En su improvisada pista, donde esquiva y vuela sobre escombros, con los brazos extendidos y sus puños al frente, lanza telarañas soñando con ser Spiderman en bicicleta. Hace tiempo que dejó de jugar a la pelota, aunque siempre ha querido jugar en la cancha de la toma, pero es tímido y no se acerca a los otros niños. Isidora García, Directora Social de la fundación Techo-Chile , enfatizó en que el tema de niñez en campamentos es una cifra borrosa, donde no se sabe ni cuántos niños hay, ni en qué condiciones se encuentran. Lo que por ende, según la especialista, genera la falta de medidas y protocolos que protejan integralmente a los menores que residen en asentamientos ilegales. “¿Que sucede después, cuando los desalojan?, ¿A dónde se van? Lamentablemente esa respuesta nadie esta siendo capaz de darla” , señala con preocupación. “ No hay una coordinación entre los distintos servicios del Estado para poder generar una respuesta integral para abordar las consecuencias sociales que estos desahucios traen a las familias”, agrega García. Las matemáticas todavía le encantan a Benjamín, aunque se confunde con las divisiones. “Juego con palitos en el patio (gran terreno cercano a su casa con altos pastizales). Los pongo en el suelo, los cuento y los agrupo, como cuando la profe nos enseñaba en clase. Es bacán porque así no voy a repetir cuando vuelva al liceo ”.

Para las personas trans en América Latina, tener más de 40 años es ser una sobreviviente. Desde hace una décadas, adultas mayores travestis y trans de Argentina se organizaron para reclamar por una ley de reparación histórica que contemple las violencias estatales que han sufrido a lo largo de los años, además de tejer redes en las que construyen memoria y resistencias cotidianas. – Ustedes nos pegaron, violaron y asesinaron, ¿qué más quieren?- le grita Patricia Rivas a unos cien policías acorazados detrás de cascos y escudos.  Es 24 de mayo de 2024, la tarde está helada y la Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno, está rodeada de uniformados para impedir que la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti circule por la calle hasta el Congreso de la Nación, donde espera un escenario. El Ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei publicó un protocolo que sólo permite manifestarse por la vereda , sin cortar el tránsito, además de habilitar varios mecanismos para criminalizar la protesta. Manifestación frente al Congreso argentino por una ley de Cupo Laboral Travesti Trans Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes Patricia tiene el pelo rubio platinado vaporoso y avanza con tacos plateados, cubierta de un saco negro por el que asoma un gran escote. Tiene 58 años, es alta y robusta, parece fuerte pero guarda en el cuerpo  y la memoria las cicatrices del odio y la violencia de las fuerzas de seguridad. Ella forma parte de Históricas Argentinas , una organización de trans adultas mayores que se reconocen como víctimas del terrorismo de Estado y de múltiples violencias institucionales en democracia. Son sobrevivientes y exigen ser oídas.  A las trans mayores las acompañan activistas de Derechos Humanos y de la diversidad. Hay infancias y adolescencias trans, personas no binarias, lesbianas, maricas y mucha familia elegida. Frente al despliegue policial desproporcionado con armas largas y motos que rugen, el grito fue uno solo:   – ¡No tenemos miedo! La violencia institucional es una herida histórica en los colectivos travestis y trans. Durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), las personas de la diversidad sexual, y con especial saña las travestis y trans, fueron perseguidas y encarceladas por su identidad. Pero para ellas los calabozos continuaron bien entrada la democracia, por la criminalización presente en los edictos policiales de varias provincias  que habilitaba la caza de “los travestidos” en las calles. Estos edictos estuvieron vigentes hasta 1998 en Ciudad de Buenos Aires y hasta una década después en Provincia de Buenos Aires y otras provincias. Las personas trans y travestis suelen decir que para ellas la democracia comenzó recién 2012, con la aprobación de la  Ley de Identidad de Género. Hace una década comenzó la militancia por una ley de reparación histórica para las trans y travestis sobrevivientes y también el pedido de una pensión graciable.  Para eso se formaron distintos grupos: además de Las Históricas Argentinas, existe el el Archivo de la Memoria Trans Argentina, un proyecto artístico y político de recuperación histórica que dio la vuelta al mundo y ha sido replicado en varios países.  Además de la reparación históricas, estos colectivos exigen que se cumpla el derecho a recibir salud integral para una vejez digna. Pero los proyectos de ley siguen durmiendo en los cajones del Congreso mientras van perdiendo estado parlamentario. Marlene Wayar  es activista, escritora, psicóloga social, egresada de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y comunicadora. En un programa de radio, ella explica : "Lo que queremos es que esta sociedad se sienta a discutir y reconozca que tenemos un promedio de vida de 32 años mientras, el de las personas cis es de 76 y subiendo y que esto constituye un genocidio. Después podemos ver los puntos de la ley, pero esto es mucho más complejo que una una mísera jubilación. Como dice Wanda, el Estado en algún momento tiene que reconocer todo lo que nos ha sacado, nos ha sacado la vida". Actualmente en Argentina solo la provincia de Santa Fe tiene una Ley de Reparación . Es un logro y un antecedente, pero las voluntades políticas actuales no abren diálogos nuevos. Este 1 de noviembre organizaciones como Futuro Trans y el Archivo, en compañía del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un amparo para que el Estado les reconozca su derecho a la seguridad social. “Buscamos también que se reconozca y repare la violencia institucional que sufrió la población travesti y trans desde la recuperación de la democracia hasta el presente”, explica Marlene . Las protagonistas de este reportaje en orden de aparición : Marcela, Carola, Teté, Wanda y Sonia. Las marcas de la dictadura  “La reparación histórica consta de dos pasos: uno es que el Gobierno salga el balcón y reconozca todo el maltrato que hubo hacia las personas trans, y lo segundo es un resarcimiento económico que no sea una jubilación mínima, a nosotras nos tienen que resarcir por la vida que nos hicieron pasar”, dice Patricia un domingo por tarde, meses después de aquella Marcha por la Reparación donde la policía amenazó y reprimió.  Estamos en la terraza de su amiga Eugenia, en el partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, cerca de su casa. Su voz es el relato que entre carcajadas y angustias recompone esa memoria histórica que desde hace un tiempo decidió recuperar para seguir reclamando.  – En un tiempo me puse en pareja, fui peluquera y todo ese pasado lo sepulté. Al volver a hacer activismo volví a padecer y a tener las pesadillas de las persecuciones, de cuando corría con mis amigas escapando de la policía y que una caiga muerta atropellada por los autos. Es horrible vivir todo eso de vuelta.  Patricia también recuerda los ruidos, las voces, y estar detenida y vendada en la Comisaría de Tigre, provincia de Buenos Aires. “Esa que ahora tiene una placa conmemorativa que dice que ahí hubo un centro de detención durante la dictadura”, agrega.  En 1981, cuando tenía 14 años, estuvo secuestrada allí.  "Fueron cinco días pero para mí fue una eternidad. Estuve vendada y lo que se escuchaba eran las puertas, los ruidos de una puerta pesada que abrían y te agarraban. Me llevaban a otro lugar y me hacían la tortura en la que me metían la cabeza bajo el agua. A veces te apuntaban y gatillaban. Otras veces era violarte mientras me decían: ‘¿te gusta ser puto?’. Siempre eran dos y cuando el primero terminaba de violarme yo caía desvanecida al piso, y ahí me daba el otro". En abril de 2023, por primera vez en la historia, un  juicio de lesa humanidad  tuvo como voces fundamentales a un grupo de mujeres trans víctimas de la dictadura.  Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra González, Analia Velázquez y Marcela contaron lo que vivieron en el Pozo de Banfield , uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante el terrorismo de Estado. Marcela Viegas declaró con un collar de cadenas gruesas, pulseras y una boina. Frente a ella la mesa estaba cubierta por la bandera del Archivo de la Memoria Travesti Trans Argentina. Allí contó que cuando estaba por cumplir 15 años fue secuestrada en Camino de Cintura, provincia de Buenos Aires y torturada sistemáticamente.  "Me ponían una capucha. No sé adónde iba. Teníamos una venda y yo podía espiar por abajo. Me tiraban en una cama. Me ataban. Y me ponían 220 (volts de electricidad)” contó en su declaración. Y agregó: “Es una hijaputez que nos pongan prostitución y vagancia. Yo iba a trabajar todas las noches porque por ser travesti no me iba a dar trabajo nadie”. En marzo de 2024 los jueces condenaron a los represores a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio.  Por primera vez en la historia argentina  personal militar fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, abuso sexual y reducción a la servidumbre a personas del colectivo travesti trans.  De las sobrevivientes no todas pudieron tener acceso a los documentos que registran esas detenciones. A veces ni siquiera las anotaban, o las ponían con nombres distintos. Para ellas también era muy difícil acercarse a una comisaría a preguntar por alguna compañera, primero porque podían quedar detenidas ellas y después porque, ¿por quién preguntaban? La astucia travesti y el humor como músculo que ayuda a sobrevivir hicieron que en “la zona” estén todas con sus nombres elegidos, los de fantasía y los apodos que eran mezcla de amor y picanteada.  Pero nada de eso las detenía, si una estaba presa, las demás encontraban la manera de hacerle llegar “el bagayo”, así le decían al envío de cosas fundamentales para los días que faltasen. Patricia sabía que al ser detenida no tenía que firmar lo que le daban sino que debía encontrar las maneras de negociar. A la hora de firmar, tenía que poner: “apelo señor juez”. “Me das asco, me haces perder el tiempo, no quiero verte más acá o nunca más vas a ver la sol“, le dijo el juez en esos años.  Memoria trans Pasaron cuatro meses de la Segunda Marcha por la Reparación y sobre Avenida de Mayo la puerta de un edificio de estilo francés conduce al Archivo de la Memoria Trans. En este lugar, además del trabajo de archivo y edición hay un espacio de serigrafía, una librería con títulos LGBT+ y una sala de estar dónde las chicas tienen reuniones, hacen terapia y ahora entre facturas, café y mates dan entrevistas. A veces acá o en otros espacios invitan a más sobrevivientes adultas para compartir recuerdos, charlas y ver las necesidades de cada una. En el Archivo, unas 20 adultas mayores buscan y reúnen fotos, cartas y artículos de prensa que arman la memoria travesti trans de un país que las quiso y quiere invisibilizar. Con todo esto arman muestras, souvenirs, libros y crónicas que luego venden para vivir y hacer sobrevivir esa memoria travesti colectiva. Ellas espantan las miradas de condescendencia y traen a la luz las vidas trans con todos sus matices, colores, injusticias, amores, celebraciones y vínculos. Sus vidas y biografías recorren muchos espacios contando lo que han vivido.  A sus 59 años, Wanda Sánchez comparte las violencias estructurales de muchas personas travestis y trans de su generación. "Vi morir a tantas compañeras, recordar el montón que éramos. Yo sobreviví a todas ellas, a todo lo que nos pasó. Me tuve que ir de mi casa a los 13 años para empezar a ser yo, ahí no podía". En ese deambular comenzó a ser detenida por la policía y un periplo por juzgados de menores, institutos y hasta una clínica psiquiátrica. “Allí una mujer santa, una médica me dijo que no estaba mal ser homosexual, que quien necesitaba cambiar era mi madre”. Allí se tendió un puente entre ella y su madre, aunque duró poco porque a los meses su mamá falleció.  En la clínica cumplió 18 y cuando salió ya era democracia en Argentina pero su calvario no se terminó. "Me han llevado presa por existir. Me han ido a buscar a mi casa para llevarme detenida. A vece terminaba en la comisaría con las bolsas del mercado porque recién había salido de comprar y me detenían". Es su voz pero es la historia de muchas, de tantas.  En una mesa, bolsas de tela y remeras con imágenes sacadas de fotos, frases que alguna compañera gritó en una marcha o en una persecución y ahora se convirtieron en proclama conviven con libros de editoriales amigas y los de producción propia. El primer libro editado por el Archivo de la Memoria Trans está agotado pero otros siguen disponibles y se pueden comprar en su página web: ‘Nuestros Código s’; “Si te viera tu madre”, sobre la vida de la activista trans y una de las fundadoras del espacio, Claudia Pía Baudracco; y el más reciente: ‘Kumas’, una palabra que significa “amigas, compañeras, hermanas” proveniente del carrilche , ese lenguaje travesti que en la década del ‘40 nació para permitirles comunicarse entre ellas y sobrevivir a la policía y los ataques. Mónica, de 71 años, cuenta que a ella la ayuda mucho tener casa propia. La construyó con el dinero que le daba la prostitución. “Yo no derrochaba nada”, dice.  A diferencia de la mayoría, tiene una familia que la apoya, pero este lugar compartido es el que la “saca del pozo de depresión, por estar con todas y no pensar tanto” . A ella también le decían “la gringa”. Su relato en el libro “Kumas” está atravesado por historias familiares, de amistades pero también de detención y tortura. Pero además de los relatos de violencias sobreviven las noches de brillos y diversión: los carnavales, los shows en bares.  Teté tiene 60 años, luce su delantal blanco impecable con el que cumple tareas de archivista. Tiene el pelo corto y canoso y una voz firme que no oculta la tristeza. No se quiebra, transmite la seguridad de saber quién es y fue. "Era una situación fea, porque a mí con 13, 14 años me gustaba salir porque siempre fue muy independiente, y que te llevaran presa, que te sienten en un patrullero y te paseen para que todo el pueblo te vea, que vos era maricón". Nació en un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe y en sus palabras se difuminan los límites entre la dictadura y la democracia. En ese momento ella se juntaba con amigos más grandes, pero a ellos también los perseguía la justicia. "Un juez llamó al tribunal a ese chico gay y le dijo que si se seguía juntando conmigo lo iban a detener porque por corrupción de menores. Así perdí amistades". Todo ese contexto de discriminación hizo que tampoco pudiera terminar sus estudios: “Fue muy difícil terminar el colegio primario. El último año fue séptimo grado y fue una cuestión de supervivencia”.  Recién en 2013 pudo retomar sus estudios secundarios para culminarlos en 2016. Y siguió. L ogró hacer dos años  de la carrera de Psicología Social en la escuela de Psicología Social de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Luché mucho para conseguir trabajo”, explica.  En el año 2000 se acercó a militar en la organización política Movimiento Evita y desde 2008 trabaja en el Hospital Público Provincial Magdalena V. de Martínez, en Pacheco. Comenzó haciendo limpiezas y ahora se desempeña en el área administrativa. Desde 1992 está en pareja y desde 2018 trabaja en el Archivo. "Este es mi espacio, es mi lugar, el que elegiría siempre. Más allá de que yo tengo a mi familia que me acompaña y a mi pareja, esto es otra cosa. Acá estamos entre pares. Podemos tener diferencias, nos divertimos, la pasamos bien, levanta el ánimo. A mí me llena el alma, la verdad es un espacio que yo elegiría siempre para estar es este lugar". Lo dice en voz alta pero también lo cuenta con cada gesto de complicidad y cada risa. Están en la mesa y las reúne el contar anécdotas, alegrías, carnavales y un adn travesti trans infinito. Una cadena de palabras, herramientas, referentes, conceptos y orgullos que trascienden las décadas y geografías. “Nunca pensé que a la edad que tengo algún día iba a poder contar mi historia”, dice Carola.  El 29 de septiembre Carolina “Carola” Figueredo cumplió 62 años, casi el doble del promedio de edad que vive una persona trans. Ahora ella está sentada junto a su compañera del Archivo de la Memoria Trans, Marcela Navarro, en la biblioteca de la Alianza Francesa  de Buenos Aires. El espacio es inmenso, está lleno de libros, es la biblioteca francófona más grande de Latinoamérica pero lo que no está ahí es lo que ellas van a presentar en este encuentro: l os libros del Archivo con sus historias , contadas por ellas mismas, con sus vidas y las de quienes ya no están. “Yo lo único que escuchaba eran siempre reproches. Nos juzgaba todo el mundo, nos condenaban, pero nunca nos daban la oportunidad de expresar quiénes realmente éramos. Nunca se nos entendió”, explica Carola, y en sus palabras la curva deriva en orgullo al explicar cómo el Archivo se instaló como ese proyecto de redención dónde pudieron tomar la palabra y visibilizarse. "Este espacio fue una segunda oportunidad. Acá nos volvimos a encontrar todas pero en un momento y una situación diferente, ahora éramos libres porque a partir del 2012 obtuvimos la Ley de Identidad de Género. Nunca pensé que iba a tener esa libertad de poder contar mi historia, que todo el mundo te escuche, que te presten atención, y eso te hace sentir importante”, va decir frente a una audiencia que escucha, pregunta, lagrimea y sonríe. Su cuerpo parece frágil, a veces parece tímida, y en un momento, de repente, se le suelta la biografía y empieza a tejer en el aire relatos que deberían estar en todos los libros de educación nacional, su historia también es la historia de un colectivo". A su lado Marcela irradia la presencia de una directora de escuela. Su pelo negro hacia con una cola hacia arriba parece coronarla como el casquete de una vedette. Ella hablará de todos los procesos que se realizan en el Archivo, le va pedir más testimonios a Carola y trata de manera maternal.  ‘Ésta se fue, a ésta la mataron, ésta murió’ se llamó la primera muestra del Archivo  realizada en 2017 que se pudo ver en el Centro Cultural Haroldo Conti de Buenos Aires, dentro del predio de la Ex Esma. En este ex centro de detención clandestina ellas lograron hacer de sus recuerdos un manifiesto. Esa vez no entraron forzadas sino siendo ellas la fuerza y resistencia. Tiene una voz pausada y muy presente, con ella explica: “recibo el material y lo voy separando: vida cotidiana, trabajo sexual, carnavales”, y cuenta cómo va uniendo las conversaciones y reconstruyendo las historias. Además de fotos hay cartas, documentos, tarjetas, volantes y “muchos tickets de avión y viajes”, y no es que ellas se daban la gran vida, esos vuelos se traducen en exilios, escapar para sobrevivir. – Completo las planillas y anoto el año y nombre de las compañeras de las fotos. Si está fallecida tratamos de buscar a otra que pueda ayudarnos a armar su historia; después de eso me encargo yo misma de escribir su propia biografía. Cuando la compañera aún vive trato de ubicarla para que nos cuente su propia historia”, sigue Marcela. Del otro lado de la gente hay una mesa con algunos de los libros y objetos que producen. Necesitamos traVajo “Tenemos vida para tirar, pero necesitamos un trabajo. Necesitamos algo para poder vivir, para poder seguirla”, explican las integrantes del Archivo. Sonia Torrese comparte su historia y explica que estuvo “rodando por todos lados, donde pude, como una golondrina”.  Ella también es una de esas hijas expulsadas del hogar familiar por ser trans. Hoy a sus 64 años volvió a esa casa pero para cuidar a sus padres. “Mi hermana y mi hermano no me aceptaban. Tenían mucha vergüenza de mí”. Los rulos rubios de Sonia le enmarcan las palabras que con timidez aparecen para retratarla. Cuando dice que antes era “muy cerrada, muy burra”, las compañeras la frenan y le recuerdan que ella es la que mejor memoria tiene. Si alguien ve un rostro en una foto y no se acuerda quién es la respuesta seguro la tiene Sonia. Como es enfermera explica que un vecino le pidió que fuera al geriátrico dónde estaba su madre para hacerle curaciones. Las primeras veces no hubo problema, pero luego las enfermeras le contaron al dueño del lugar que ella era una persona trans: “Automáticamente me cerraron las puertas, me echaron”. Esto pasó hace aproximadamente siete años, en un país con Ley de Identidad de Género y sin edictos policiales. Actualmente algunas cobran una jubilación o pensión, muy pocas. Y como eso tampoco alcanza tienen otros trabajos y buscan ayuda en los espacios disponibles. Wanda cuenta que tiene una pensión, a eso le suma el Archivo, los sábados trabaja en la  Biblioteca Claudia Pía Baudracco  y retira mercadería donde le den. La mayoría comenta situaciones similares. En ese momento todas se largan a hablar al mismo tiempo pero todas dicen lo mismo, nombran alguna compañera y cuentan su desesperación por no tener ingresos.  “Sandra tiene casi 70 años y sigue ejerciendo la prostitución. Es una pena que a su edad tenga que estar parada en una esquina”, dicen sobre otra compañera que tampoco tiene ningún tipo de reconocimiento del Estado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INDEC), el 80% de las personas travestis y trans está vinculada a la prostitución. Y sólo el 32% terminó estudios secundarios, según una investigación de las organización ATTTA y Fundación Huesped.   Para paliar esta brecha, en Argentina se aprobó en 2021 la  Ley de Cupo Laboral Travesti Trans  Lohana Berkis – Diana Sacayán. Esta norma establece la contratación de personas trans en el Estado Nacional a través de un cupo mínimo del 1 %, además de medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral tanto en el sector público como en el privado. Pero la llegada del nuevo gobierno  frenó los avances  de esta ley incluso sumando personas trans a las cifras del desempleo.  La Ley de Cupo Laboral Travesti Trans lleva el nombre de las dos activistas históricas que la impulsaron y es sólo un primer paso. Hoy no se aplica, además de que corre peligro la ley.  El cupo laboral trans lamentablemente no es para las compañeras de cincuenta años”, explica Teté. “Con esta edad no te quieren para nada, y menos a nosotras”, dice haciendo intersección entre ser adulta mayor y trans. El cielo bonaerense de la tarde tiene de estrella a Patricia. Toma mate y comparte un bizcochuelo con amigas. "Tengo una pensión por discapacidad, que actualmente es mi única entrada porque yo tengo problemas con la silicona que me aplique hace años. Me debilitó los huesos, la cadera, por ejemplo, me comió el cartílago que une el fémur con la cabeza de la cadera y ahí se metió la silicona, también en la columna. Siento un ardor constante en la espalda y en la altura de los riñones”, cuenta. La aplicación de silicona industrial es una práctica bastante frecuente entre las personas trans que no pueden recurrir a implantes. Esta no es una cuestión de vanidad sino una construcción identitaria, es parecerse más a quien una es. Pero al estar excluidas de los ámbitos laborales y de salud terminan recurriendo a estas opciones nada seguras y con grandes consecuencias a largo plazo.  En Argentina, el  informe “Condiciones Sociosanitarias de Personas Trans”  publicado en 2019 por Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el 83% de las feminidades trans modificó su cuerpo para adecuarlo a su identidad de género autopercibida. La mitad de ellas se inyectaron materiales en el cuerpo: 66% silicona líquida y 17%, de aceite de avión.  “Hace poquito este año murió una amiga mía, como Silvina Luna, porque la silicona te estropea los riñones”, continúa Patricia, citando  el caso de la modelo  y conductora que trajo a los medios el debate del metacrilato y la silicona líquida.  La diferencia es que a las compañeras travestis y trans no las debate ni recuerdan de esta manera, solo entre ellas lo hacen.  Madres, Abuelas y Tías En las marchas muchas veces hay un cartel que dice: “ Madres de la Plaza, las travas las abrazan ”. Esa frase también es grito cuando marchan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, esas mujeres que aún hoy con sus más de 80 y hasta 90 años, siguen activando por los Derechos Humanos reclamando por sus hijos desaparecidos y nietos apropiados de la última dictadura militar. Las personas travestis y trans saben lo que es marchar para exigir que se cumplan estos y por el derecho a la identidad.  “ Memoria, verdad y justicia ”, es la frase que reclama por las violaciones de derechos humanos en la dictadura argentina.  Las travestis arman memoria al encontrarse, buscar las fotos y vidas de compañeras, y hacerlas circular. Pero también verdad al poner las historias en su propia voz. Entonces, ¿qué pasa con la justicia? El tiempo en que la justicia, el Estado y la sociedad se demoran en responder y accionar no alcanza para cuidar a las personas trans adultas mayores que han sobrevivido. Ellas recorren programas de radio, televisión, podcast, libros, revistas y encuentros. Lo hacen para encontrarse, mantener viva esta voz, pero también para que toda la sociedad acompañe su reclamo. Michelle se vino a Buenos Aires desde Rosario, provincia de Santa Fe, porque en su casa de allá estaba sola, acá encontró una familia. “Yo pensaba que iba a morirme a los 52”, dice y todas la preguntan por qué, “porque a esa edad murió mi mamá”. Y al hablar sus uñas largas parecen dirigir la batuta de sus palabras. Cuesta imaginarla triste, porque ahora sonríe y es parte de esta mesa de compañeras travestis y trans.  “En la quiniela el 52 es la madre”, dice una de las chicas, y todo tiene un aire de revelación y charla de café. La de los 52 años era la madre de nacimiento de Michelle, porque en la vida LGBT+ cuando dicen que hay una familia elegida los títulos ganados son reales. Marcela tiene mucho aire de madre. “Le digo vení a casa y trae las fotos ue tengas, después vino al archivo, empezó a trabajar y se ganó su lugar”, explica con orgullo. Ahora viven juntas pero separadas, ¿cómo es eso? y “es que vive en la casa de un amigo gay que esta enfrente de mi casa, pero también en la mía”, y el tema del orden y hacer la cama y todos esos cotidianos que crean la vida en familia.  “Las tías”, como muches les dicen, son muy queridas. Sea en un evento o juntada, si una de ellas se pone a contar algo, las juventudes se calman y se dejan llevar por sus voces. “A mí en lo personal lo que me llama es el afecto, el respeto, que te brindan. Es lo que menos teníamos antes. Hay respeto y amor, yo soy muy sensible. A mí me mostrás, cariño y yo te voy a dar cariño, me mostrás agresión y es lo que viví toda mi vida”, cuenta Carola con los ojos siempre emocionados y agradecidos. Pero al amor que las rodea lo debe acompañar un Estado presente. Mucho más que un nombre Esa segunda marcha por el pedido de reparación, la de mayo, luego de recorrer toda la Avenida de Mayo, terminó con un festival de música y discursos frente al Congreso Nacional. Al look escotado de taco plateado quebrado por los empujones policiales Patricia ahora le sumó unas antiparras de natación por si en la represión decidían arrojar gases. Las juventudes LGBTNBQ+ que están ahí también se llevan una lección de lucha y resistencia, de lo que ellas gritan: ¡Furia travesti!. En organizaciones, archivos, familias elegidas y más espacios de adultas siempre hay juventudes de la diversidad trabajando en temas urgentes que van desde la logística y el registro, hasta acompañar a algunas de las “tías”. A veces es escucharlas, otras ayudarla a hacer un trámite, pero el entretejido generacional confecciona una red amorosa que de nuevo desafía todo terror. Antes que termine la marcha Patricia les va dejar una postal de lucha, mira a le fotógrafe Valen Iricibar y le muestra las tremendas tetas cargadas de historia. Lo hace con el cordón policial detrás suyo.  Un par de meses después, cuando la entrevista parece haber terminado y en esa terraza de San Fernando mientras todo se está acomodando para cerrar el día Patricia, Pato, la tía Pato increpa: –  ¿No me preguntas el nombre completo? En ese momento todas las maneras de llamarla dan paso a lo que hoy, 12 años después de aprobada la Ley de Identidad de Género: “Patricia Alexandra Rivas” . El pecho se le infla de orgullo, los ojos le brillan más fuerte, y el dije de corazón que tiene alrededor del cuello le parece latir. No es solo un nombre, es parte fundamental de la biografía de un colectivo. Para las personas trans en América Latina tener más de 40 años es ser una sobreviviente. Desde hace una décadas, adultas mayores travestis y trans de Argentina se organizaron para reclamar por una ley de reparación histórica que contemple las violencias estatales que han sufrido a lo largo de los años, además de tejer redes en las que construyen memoria y resistencias cotidianas.

Ahora mismo, en alguna casa chilena, hay una mujer artesana usando sus manos para hacer arte. Prepara el desayuno, viste a sus hijos, estudia una carrera, trabaja en una fábrica, sale con sus amigas, habla por teléfono; pero en algún momento, toma sus instrumentos de trabajo y hace lo que le enseñó su madre, su abuela, su bisabuela y todas las que estuvieron antes. Un oficio que le enseña a sus hijas y que, tiene la esperanza, seguirá traspasándose en un linaje infinito. Fotos de Carola Vargas y Ly López La greda la extrae en verano. Tiene que estar la luna menguante para poder guardarla, sino se transforma en tierra. Nayadet Núñez lo sabe, porque ella misma lo puso a prueba. Cuando ya tiene la materia prima, la mezcla con arena y greda amarilla, creando una pasta firme y consistente. Esa tradición se la enseñaron Marcela y Ramón, sus padres, que a su vez la aprendieron de los suyos, y es el secreto del oficio en Quinchamalí.  Con ese barro ancestral moldea torsos de mujeres desnudas, diseños con los que rompió el esquema del arte milenario, ese que instaló en el imaginario colectivo al tierno chanchito o a la famosa guitarrera con sombrero. “Todavía sigue siendo chocante para algunas alfareras que son más conservadoras, recibí muchas críticas”, cuenta desde su casa en Llahuen, a 15 minutos de Quinchamalí, la tierra alfarera del centro sur de Chile.   A esas tierras volvió en 2017, después de haber vivido en Concepción y Santiago. Volvió para sanar tras una depresión postparto: “La conexión con la tierra fue una forma de terapia que me sanó muy rápido”.  Nayadet heredó de sus bisabuelas el arte de trabajar con la greda. Sus bisabuelas, Berta Caro y Etelinda Osorio, eran médicas, parteras y alfareras. Llenaban sus canastos con losa y saltaban de pueblo en pueblo para curar a la gente. A sus 33 años, Nayadet le traspasa la tradición a su hijo: Matías tiene 10 años y grabó un video para CNTV infantil, un tutorial para hacer un pocillo de greda. “Aprendió a hacer chanchitos de greda antes de caminar”, ríe su mamá. Pero formar nuevos cultores es un desafío. De las ochenta alfareras de Quinchamalí, más de la mitad son muy mayores.   El momento más feliz de su carrera fue cuando mostró sus piezas en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, en 2017. También ha expuesto su arte en el Museo de Bellas Artes y otras galerías y museos. Los talleres a adultos y niños son la herramienta para cumplir la meta que se propuso junto a sus compañeras en 2021, como presidenta del Comité Alfareras de Quinchamalí: formar a las generaciones que tomarán el relevo. La tradición no se puede perder. Es parte de la historia de las que, hace cientos de años, sacaban la greda en cada luna menguante. *** La primera de la familia en contar historias con retazos de tela fue su abuela Gloria, que empezó en la dictadura chilena gracias a una mujer que le enseñó a las pobladoras a hacer bolsas de pan para vender. Ellas veían lo que pasaba a su  alrededor y lo retrataron en sus obras. Cindy Palomino, la nieta, tiene 36 años y es arpillerista de Lo Hermida, Peñalolén. Junto a su madre Rosario y su hija Antonella de seis años, suman cuatro generaciones que comparten el mismo lenguaje: “Es un tipo de denuncia que mantenemos hasta hoy”, dice la artesana.  La arpillera es un trabajo con retazos de telas que se van uniendo a través de bordados con distintas puntadas contando una historia. Las ollas comunes, lavanderías y desapariciones eran las historias de su abuela. Algunas de las suyas, por ejemplo, son violencia de género y los ojos perdidos en la revuelta social de 2019. Su abuela nunca firmó sus obras. Llevaban las arpilleras a la Vicaría de la Solidaridad, donde las mandaban al extranjero y las vendían los exiliados políticos para ayudar a las pobladoras. “De esa manera mi abuela sacó adelante a sus cinco hijos”, dice Cindy. Cindy y su mamá hacen talleres para que otras mujeres puedan expresar sus emociones en las arpilleras. Muchas de ellas son madres, cuidadoras, trabajadoras, y necesitan un lugar para desahogarse. Entre ellas también se juntan a “arpillerear”, como le dicen al ritual de tomarse un té y compartir mientras bordan y recortan telas que salvaron de ir a la basura. Antonella también participa de esas sesiones, donde fue aprendiendo la tradición familiar: “Ve las telas en la mesa, los colores, lo tiene todo muy cerca. Sabe qué género sirve, cuál es la lana correcta. Se ha pinchado con la aguja y nunca ha llorado”, cuenta su mamá.  Gloria, Rosario y Cindy; abuela, madre y nieta. Las tres fueron reconocidas c omo patrimonio cultural y material . Las huellas dactilares de la mayor ya están borradas de tanto coser, pero su influencia sigue presente en su descendencia y en las arpilleras que un día salieron al exilio, y hoy adornan algún living con la denuncia de las pobladoras de Lo Hermida.  *** Mariela Merino cree que su amor por la artesanía viene desde la guatita de su mamá, que se aferró al tejido mientras se preparaba para criarla sola. “Yo creo que ahí me traspasó todo ese cariño, el amor por la artesanía”, dice desde su cara en Rari, en la Región de Maule. A sus 45 años, es hija, nieta y bisnieta de tejedoras de crin, una técnica ancestral de entrelazado del pelo del caballo, en ocasiones teñido con fibras vegetales. Trenzan el crin en el armazón de ixtle -que funciona como una especie de alambre-, sacado de una planta mexicana llamada lechuguilla. Cuando vivían todas juntas en el cerro, Mariela aprendió el oficio de las mayores, las que repetían una y otra vez que no dependieran de los hombres, que tenían que ser independientes. En el cuadro de la videollamada aparece Isidora, la hija de 15 años. Sus primeros recuerdos del tejido son con su ‘mami’: “mi abuela me ponía entremedio de sus piernas y se ponía a tejer”. Y ella, pequeña, la miraba con una mezcla de orgullo y curiosidad. En esta familia la pandemia fue el mundo al revés. Al mismo tiempo que negocios cerraban, Mariela cumplía su sueño de abrir una tienda presencial, donde recibía a sus clientes con jugos naturales mientras veían a su abuela Amelia tejer bajo la parra. Querían volver a la tradición de antes, donde las artesanas tejían con un mate y una churrasquita. Hasta el marido tuvo que aportar en el oficio para dar respuesta a los pedidos. Pero no todo es bueno. Las artesanas tienen escasez de crin porque ya no se crían caballos blancos con colas tupidas y la sequía está afectando a las fibras vegetales para teñir, que las traen desde México. En Chile se han hecho pruebas para probar nuevos materiales, como la pita, que les permitan no depender de otros para mantener la tradición. Pero nada es igual, dice Mariela, que ahora incluso es parte de la Asamblea de Tejedoras de Crin, donde están preocupadas por preservar la costumbre a través de un banco de materias primas. “Ven, ven”, le dicen. Hortencia, la mamá de Mariela, se suma con timidez a su hija y su nieta tras la cámara. Muestra un pétalo de camelia rosado a medio tejer, fino, pequeño. Tiene 65 años, casi 60 tejiendo. No quiere dejar de trenzar, ahí deja sus penas y alegrías. Es su identidad. “Nosotras arreglamos el mundo, lo desarreglamos y lo armamos de nuevo”, sonríe Mariela.

Las mujeres de Puñaca Tinta María han visto desaparecer no solo el lago Poopó, sino también su fuente de agua, sustento económico y vínculo ancestral. La sequía, agravada por denuncias de contaminación minera, las ha obligado a reinventar la vida con cada vez menos recursos hídricos: han gestionado cañerías desde zonas urbanizadas, cosechan agua de lluvia y han conseguido la instalación de tanques. A pesar de la adversidad, migrar no es una opción: su arraigo a la tierra es más fuerte que la escasez. Evarista Flores se refresca llevando a su rostro un poco del agua turbia que tiene almacenada en un balde de plástico. El termómetro indica 10 grados, pero es una mañana calurosa de septiembre en el altiplano. El sol pega en la nuca. No hay árboles a la vista donde guarecerse. El suelo es árido. Hay surcos por doquier como en sus mejillas que, tras la pausa, retoma su tejido. Sentada en el piso, en la puerta de su casa, reposa con la vista al frente del que un día fue el segundo lago más grande de Bolivia. “Aquí voy a morir”, vaticina sin esbozar tristeza.    Ella vive en el Ayllu (unidad territorial indígena) San Agustín de Puñaca a 225 kilómetros de La Paz, capital política del país. Su casa es la primera en una hilera de construcciones fabricadas con una combinación de técnicas ancestrales y modernas. Ocho comunidades indígenas están en este lugar, a las riberas del lago Poopó. En Puñaca Tinta María, hogar de Evarista y la comunidad más pequeña dentro del Ayllu, las mujeres que se han quedado en su territorio se han organizado para hacer posible la vida, ideando maneras de obtener agua limpia. Evarista Flores trabaja tejiendo artesanías que vende en municipios cercanos a su hogar. Foto de Esther Mamani La minería hace cuesta arriba el camino pues los residuos de esta extracción a cielo abierto son depositados en los afluentes de agua del sector. Según pruebas gubernamentales, el agua tiene al menos cuatro tipos de metales. Los y las pobladoras están intoxicadas según el estudio de laboratorio adjuntado a la demanda que este Ayllu hizo contra Estado buscando reparación a los daños. La situación no es esperanzadora por lo que muchas familias han migrado. Según el Censo Nacional del año 2012, en la comunidad había 125 personas. Ahora tan solo quedan doce familias según datos de la alcaldía  indígena. Esas 12 familias representan unas  65 personas. Es decir, la mitad de su población ha migrado. Las mujeres indígenas en este territorio trabajan en casa haciendo artesanías en tejido de paja y, a la vez, se encargan de la crianza de los niños y niñas. Los hombres salen cada día a buscar empleo como jornaleros, cuidadores de ganado u obreros de construcción en otros municipios; y vuelven cuando cae el sol. “La gente ya no hay (se van) en la comunidad, algunos nomás se quedan. El lago era nuestro sustento, como si fuera nuestro padre y madre. Ahora nos encontramos huérfanos. Yo no pensaba que iba a secar, pero mis padres decían ‘se va a secar un día hijos, aprendan a hacer estas cosas (artesanías en paja y lana) nos decían, pero no sabíamos su importancia ”, explica Evarista de 59 años.  En esta región habitan las culturas milenarias Uru Murato, Uru Chipaya y Uru Iruito . Esta comunidad pertenece a la primera. La pesca era la principal actividad económica de sus habitantes, pero desde 1995 a la fecha, el lago Poopó ha reducido  el 70% de su superficie.  Desde diciembre de 2015, el lago disminuye drásticamente su tamaño y aunque las lluvias posteriores permitieron una “recuperación” no volverá a su versión original, según un estudio del Instituto  de Hidráulica e Hidrología de la estatal Universidad Mayor de San Andrés. Vista satelital del Lago Poopó a lo largo de los años. *** “Me gusta el pejerrey ”, cuenta y sonríe Evarista. La última vez que comió esa especie de pescado fue cuando llegó de visita su hijo que emigró a Cochabamba, centro de Bolivia, en febrero de este año. Ese platillo ahora es una ostentación. El pejerrey (Odontesthes bonariensis) tiene carne blanca, alta en nutrientes, y fue parte de la dieta de estas mujeres hasta que el lago se secó en las orillas donde viven estas mujeres. Los peces han desaparecido para Evarista y para el resto de poblaciones cercanas. Aunque el Lago Poopó llegó a abarcar más de 3.500 kilómetros cuadrados según datos gubernamentales (1986), los pronósticos científicos anticiparon lo inevitable de su muerte y, con ello, de la pesca. La revista científica Journal of Hydrology de Países Bajos publicó en 2021 un estudio acerca de las razones climáticas de la desaparición.   “Al ser poco profundo, es muy sensible a los cambios en los componentes del balance hídrico y principalmente a los aportes de las subcuencas Titicaca, Mauri y Desaguadero, que representan el 79 % de los aportes totales. En este lago, la evaporación en todos los meses es mayor que la precipitación”, indica el documento.   Para Evarista la única verdad es que la carne, no solo de pescado, es un lujo. “Ya es hora de comer”, dice e ingresa a su vivienda. A los pocos segundos sale con un plato hondo de sopa de fideo con verduras e incluye dos trozos de carne de res para invitar a los que llegan de fuera,  aún en momentos de carencia. Cristina Mauricio bebe de la pileta pública de agua que tiene la comunidad La falta de agua preocupa y el futuro parece desolador, pero eso no quiebra a Evarista. “Qué pasará, no nos vamos a poner a llorar. Yo estoy sin tiempo, tengo mucho que hacer”, asegura.  La dirigencia indígena decidió actuar y demandar al Estado. El  proceso está activo  y llegó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el desglose del ente internacional, la audiencia  del   8 de julio   se convocó  para que el gobierno ejecute diferentes acciones como el control riguroso a las operadoras mineras, la atención en salud especializada a las personas intoxicadas por metales pesados y el acceso a agua en cantidad y calidad para consumo humano y agricultura. Desplazamiento a causa de la minería La matriz energética de Bolivia se basó durante más de 20 años en la venta de hidrocarburos, ingresos ahora en caída pues el gobierno ha reconocido que el recurso se agotó . En segundo lugar está la venta de minerales. El  49%  de las exportaciones del país, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, corresponde a este mercado con cifras comparativas entre 2023 y 2024.  Evarista Flores camina hacia la casa de otra mujer indígena. Ella como esposa del alcalde comunal asume roles diferenciados de liderazgo. Oruro, donde está el Ayllu San Agustín de Puñaca, tiene una larga tradición minera. Esta región de Bolivia explota zinc, oro, plata, estaño y plomo y emplea a los propios comunarios o pobladores. Los datos del Ministerio de Minería del año 2019 indican que la industria generó hasta 140 mil  empleos.  La Journal of Mining & Enviroment, revista científica, publicó en 2023, una investigación sobre la “basura” que deja la industria minera específicamente en el Lago Poopó. Cada día se vierten 39 kilos de cadmio, 3.969 de zinc, 821 de arsénico y 73 de plomo, indica el documento .  Las concentraciones de metales en el lago Poopó en comparación a otros lagos del mundo son altas como muestra este cuadro extraído del informe   Degradación ambiental de los recursos pesqueros, del Instituto para el Estudio de la Cultura y Tecnología Andina (IECTA) .  La gestión medioambiental de la explotación y tratamiento de los residuos es deficiente según el estudio Evaluación de la gestión socio-ambiental del sector minero en Bolivia, el caso de la cuenca del lago Poopó . Muchas de las operadoras mineras no tienen diques de colas (espacios para la disposición de residuos) y los descargan directamente al lago, según el mismo estudio.  Al año 2000 en Oruro estaban registradas 954 operadoras mineras de las cuales 437 están en este sector Poopó según datos de la Secretaría Nacional de Minería y Metalurgia citada en este informe . Las empresas privadas son japonesas, canadienses y estadounidenses, pero también estatales y de cooperativas. Cuadro comparativo de la presencia de metales en el lago Poopó en comparación con otros lagos del mundo. Pablo Solón, activista e investigador ambiental, es crítico con la gestión del agua y el medio ambiente en Bolivia. Desde la Fundación Solón, entidad que dirige, habla de la gravedad de la situación, subrayando que la sequía es un fenómeno que se ha intensificado debido al cambio climático, la deforestación, y la mala gestión de los recursos hídricos. “Se puede manifestar que los efectos de la presencia de metales pesados, deriva en situaciones de peligrosidad mayor al no ser química ni biológicamente degradables, pudiendo una vez emitidos, permanecer en el ambiente durante cientos de años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de intoxicación”, explica.  Inventar agua limpia Las mujeres de Puñaca Tinta María han inventado formas para conseguir agua limpia ante el panorama adverso. Una de las primeras medidas que aplicaron fue cavar pozos en sus casas. Entre 2013 y 2020, calculan las autoridades comunales, todas las familias tenían un pozo en casa, pero también se secaron. El pozo en la casa de Evarista está seco y lleno de tierra por el desuso. En su lugar están apilados baldes y recipientes de plástico con agua que se usó al lavar la ropa. Es parte de la rutina darle diferentes usos al agua. Pero la falta de agua potable llevó a los pobladores a dar el siguiente paso: solicitar agua por cañería. Evarista relata con mucho entusiasmo todos los trámites cumplidos e insistentes pedidos a las autoridades municipales para lograr una tubería de 30 kilómetros, desde el municipio de Poopó hasta la comunidad.  “Hemos discutido y nos hemos dado el gusto. Aquí ahora hay (tuberías)”, cuenta la lideresa al mismo tiempo que reconoce que no se trata de agua totalmente limpia y potabilizada. Las gestiones las hizo en conjunto con su esposo Rufino Choque en su calidad de alcalde comunal.  Fueron tres años llevando documentos y firmando trámites con autoridades del municipio de Poopó. Las mujeres fueron protagonistas al no abandonar el caso. “Nosotras nos hemos movido porque aquí vivimos, sabemos lo que necesitamos”, detalla Evarista. Con una inversión de 4,5 millones de bolivianos compartida del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Alcaldía de Poopó, Puñaca Tinta María conoció por primera vez el agua potable en 2023.  La instalación fue un éxito que a veces queda opacado cuando la cañería se rompe debido a las actividades mineras a cielo abierto: el peso de las volquetas con carga dañan la infraestructura durante su tránsito. “Los volqueteros aplastan la cañería”, sintetiza Evarista. En otros casos, el suministro de agua se corta sin mayores explicaciones de las autoridades municipales. A unos metros está Cristina Mauricio Flores, otra de las comunitarias que ha decidido no migrar,  y asiente con la cabeza. “No sé cuántos años tengo”, indica la mujer. 55 a 60 años, responde su amiga Evarista. “Es enfermita, por eso no ha podido crecer. Su papá le ha criado, pero no la ha llevado al doctor, así no más ha crecido”, explica Evarista. Cristina es una mujer menuda, de menos de metro y medio. Viste pollera, falda abultada originaria, y trenzas como peinado permanente, igual que todas las mujeres originarias que son cholas. Ella sonríe, camina a prisa, lleva un bocado de hojas de coca a la boca y platica en quechua con su amiga Evarista.  Las hojas de coca son sagradas en las culturas indígenas de Los Andes. Se les atribuye poderes curativos y tienen un simbolismo ancestral muy arraigado en estas zonas. Pijchar (mascar hojas de coca) equivale a curarse de los males o paliar los síntomas para estas familias ajenas al estigma que tiene la planta en otras partes del mundo. Aquí se pijcha para olvidar el hambre y la sed.  “Tengo un tanque de agua. A veces salgo (en taxi) a comprar (agua) a Poopó. Después vuelvo, aquí estoy acostumbrada a vivir”, detalla Cristina y señala una casa, su única propiedad.  Otra de las formas de conseguir el agua limpia es comprarla. Algunas mujeres ahorran el pasaje de salida desde su municipio, ocupando el bus escolar que sin falta sale cada día a las 13:15 llevando a niños y niñas de otras comunidades, lo que les permite llegar a lugares donde hay puestos de venta. Sin ese apoyo de transporte tendrían que pagar 35 bolivianos, equivalentes a cerca de 5 dólares, aunque el municipio ordenó al transporte local no hacer cobros por encima de los 20 bolivianos (3 dólares) a los comunarios indígenas. Cada dos litros de agua se venden a diez bolivianos, un poco más de un dólar. Las familias dicen que no pueden costear todos estos pagos. Las artesanías que hacen se venden entre 1 y como máximo 20 dólares, pero son ventas que se hacen solo cuando salen a ferias en las ciudades, que apenas ocurren una cada dos meses con suerte.  Candi Moya Mauricio, otra de las mujeres indígenas, también depende de este ingreso económico. De 44 años y con siete hijos, cinco menores de 18, ella no puede comprar galones de agua y opta por la cosecha de agua de las lluvias. “Esperamos lo que cae para llenar baldes”, cuenta. Las láminas metálicas acanaladas de los techos, conocidas como calaminas, sirven para conducir el líquido a los recipientes.  Los hijos más pequeños de Candi revolotean entusiastas a su alrededor mientras brinda la entrevista. Cuando uno de ellos toma agua de la única pileta pública su mamá lo reprende. “En la casa hay agua hervida, eso se tiene que tomar”, explica. Candi no tiene un tanque de agua individual en casa como sus otras amigas. “Me regalan no más si necesito, cualquiera (de las otras comunarias) que tiene agua pasa a otras”, señala. Habla de tanques de 1.200 litros de capacidad que fueron instalados en 2021 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización de Naciones Unidas. Como Evarista, esta mujer se abre paso por cuenta de las artesanías que prepara con paja y que vende cuando hay ferias en las ciudades o interciudades. Si no puede ir “me lo lleva mi amiga”, detalla. Avelina Choque Flores es de las pocas mujeres jóvenes que viven en este poblado boliviano. De 24 años y con una hija de uno. Ella también trastea el agua pero en vez de comprarla embotellada y potabilizada opta por comprar bidones a 20 bolivianos equivalentes a tres dólares y para el costo de taxi destina otros 5 dólares. “Es complicado porque el agua de los pozos ya no es para tomar. Está todo contaminado y el agua de la pileta igual. Yo lo dejo asentar el agua. Dejo que esté días hasta que abajo se quedan las piedritas o tierra. Lo de encima hay que hacer hervir y eso ya puedes tomar”, cuenta la joven. Los tres bidones que compra durarán al menos dos semanas. No solo las mujeres ven las formas de conseguir agua limpia, también los niños y niñas. Puñaca Tinta María tiene el orgullo de contar con una Unidad Educativa para todas las comunidades del Ayllu San Agustín.  La directora del colegio Uru Murato, Rosmery Vásquez cuenta que esa escuela representa esperanzas de mejores días para todos y todas. “Ya son tres generaciones de bachilleres”, indica. La falta de agua es paliada con botellas de dos litros que cada estudiante debe llevar cada día, tanto para su consumo como para las plantas que riegan en la clase de ciencias naturales. De los 105 alumnos, pocos corresponden a esta comunidad.  La misión es que los estudiantes puedan salir de la comunidad mediante becas de estudio, al pertenecer a una etnia indígena como indica una normativa gubernamental de fomento a la educación de la población indígena.  Como una forma de preparación al futuro, dentro de la currícula está el aprendizaje de cómo hacer artesanías, igual que la mayoría de las mujeres en este territorio. En los dibujos de niñas y niños se proyecta el deseo de ver el lago con peces, pequeñas balsas y animales. Por la justicia climática Bolivia tiene un gobierno que discursivamente reivindica a los pueblos indígenas en este territorio, pero que es muy criticado por la sociedad civil  debido a su política extractivista. En San Agustín de Puñaca las y los pobladores reclaman por justicia climática frente a las actividades mineras.  En 2021 los pobladores, junto a un equipo de abogados que costearon gracias al Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), iniciaron una acción popular ante el Tribunal Departamental de Oruro para pedir resarcimiento por la contaminación del agua que aseguran es por la actividad minera. El Tribunal Nacional ordenó  al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas hacer una investigación con un muestreo en siete puntos de agua para verificar la relación entre metales pesados y la actividad minera.  En 2023 se obtuvo  los resultados. “Fue un informe incompleto y en una de las conclusiones hay algo aberrante. Señala que no existe contaminación por la mano del hombre. No hacen una valoración sobre los efectos en la salud”, reclama Sergio Vásquez, asesor jurídico del Ayllu y parte del equipo de CENDA.  Evarista luce la manta representativa del pueblo Uru Murato. “De acuerdo a los resultados de la calidad del agua de las fuentes utilizadas para el consumo humano en el sector no existe contaminación generada por la mano del hombre, por lo tanto corresponde al gobierno municipal velar por los servicios de agua potable”, indica el informe técnico  gubernamental que despertó la molestia de los comunarios indígenas.  El abogado Vásquez  cuenta que decidieron impugnar la respuesta ante el Tribunal Constitucional y con ese recurso de queja optaron por realizar un estudio de análisis de sangre y orina de metales pesados para demostrar la afectación de los y las comunitarias.  “Enviamos las muestras al Centro Toxicológico CETOX de Perú y en el informe sale a la luz que hay intoxicación por arsénico, plomo y cadmio”, detalla el jurista explicando que el estudio se hizo con 20 personas al azar.  El 100% de las personas evaluadas presentó concentraciones de arsénico y plomo. La Unión Europea determina un máximo de 15 miligramos por litro de sangre de estos metales y los resultados arrojaron entre 17.6 y 215.64 miligramos por litro de sangre.  Las consecuencias van desde dolores de cabeza, estomacales y vómitos. El arsénico y el cadmio son considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el plomo está calificado como posible cancerígeno.  Una de las abogada de la defensa, Mishkila Rojas, indicó: “Durante décadas hemos sido receptores de la contaminación minera que degrada, contamina y destruye el agua, suelo, aire y nuestros medios de vida como la ganadería y la agricultura”.  “Nadie nos ha recordado aquí”, reclama Evarista. Su hijo, sin ser parte del muestreo, presentó esos males y migró junto a su esposa a Cochabamba, centro de Bolivia, para lograr atenciones médicas, según su mamá. “Se quejaba de (dolores de) su barriga y se ha ido, hemos pensado que se iba a pasar, pero seguía”, recuerda Evarista. ¿Tiene problemas de salud? “A veces el agua es picante”, responde.  El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia reconoció en septiembre de 2023 que los derechos al agua, a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano de los habitantes del Ayllu San Agustín de Puñaca están siendo amenazados. El camino hacia la justicia climática no ha terminad o. Mientras tanto Evarista persiste en organizarse con sus compañeras para cuidar que todas “estén bien”. En sus palabras es “no vives solo, por eso estamos en comunidad”. Tras una temporada de incendios forestales en el otro extremo del país se espera que la sequía sea más intensa en la siguiente gestión para lo que estás mujeres y sus familias ya se preparan.

En los lugares más alejados y recónditos donde las mujeres empobrecidas y racializadas mueren dando a luz, el saber ancestral de las parteras resulta decisivo entre la vida y la muerte. Visitamos cinco municipios en el departamento de Chocó, Colombia, y pudimos evidenciar no solo la complejidad de esta práctica, sino su importancia para la dignidad de las mujeres gestantes y sus hijas e hijos.  Texto y fotos de Daniela Díaz Entre las sombras de la madrugada y a hurtadillas, una niña de ocho años decidió averiguar por qué su abuela se levantaba, a cualquier hora de la noche, para recibir a mujeres que llegaban afanosas en su búsqueda. El día en que la curiosidad venció a la pequeña, descubrió algo que marcaría su destino: en medio de la sala de su casa, vio a una mujer sudorosa que gritaba mientras daba a luz, guiada por su abuela, una partera reconocida en Lloró, Chocó. Ese fue el primer nacimiento que presenció María Visitación (hoy 63 años). Y ahora, 48 años después desde que decidió seguir el camino de sus ancestras, ya ha atendido más de 500 partos. Con el pecho en alto, orgullosa, cuenta que ningún bebé ni madre se han muerto en sus manos. Por el contrario, ella y las miles de mujeres que han heredado esta práctica se han convertido en enlaces locales claves para evitar la muerte de las mujeres gestantes en los lugares más recónditos del país. Su presencia ha resultado decisiva para prevenir la mortalidad materna y neonatales en Colombia, el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores índices en toda la región.  Maria Visitación ha traído al mundo a más de 500 niños. "La partería nace del corazón. Siento que lo llevo en la sangre y mi deber es enseñárselo a las mías. No hay nada más lindo en el mundo que recibir una criatura… secarlos, limpiarlos”, dice Aleida, partera hace casi 40 años. Como si las comadres —otra forma de referirse a las parteras— tuvieran un magnetismo especial suelen estar rodeadas de niños y niñas, la mayoría, a quienes ellas mismas han alumbrado, es decir a quienes han asistido en su nacimiento. Además de sus hijos y nietos consanguíneos, estas mujeres tienen enormes familias extendidas en las que han recibido hasta tres generaciones. Esa es la historia de Aleída (57 años), una mujer robusta, amable. Ofrece esta entrevista mientras cuida a sus nietos, a quienes también alumbró: uno hace ocho meses, la otra hace 3 años. También trajo a la vida a otros vecinitos que juegan afuera de su casa en Condoto, a cuatro horas de Quibdó, capital del Chocó. “La partería nace del corazón. Siento que lo llevo en la sangre y mi deber es enseñárselo a las mías. No hay nada más lindo en el mundo que recibir una criatura… secarlos, limpiarlos”, señala con convicción, luego de 37 años de ser partera. La práctica del comadreo es tan antigua como los mismos embarazos, una labor que ha sobrevivido en el tiempo gracias a la tradición oral. En el Chocó, el departamento con mayor proporción de nacimientos atendidos por parteras —un 28,09% del total en 2021, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)— hasta el alcalde del Cantón de San Pablo, donde vive otro partero, Alci Efrén Hurtado (60 años), fue alumbrado por una partera. El día que este medio visita a Alci, un líder de los parteros en la zona, la temperatura llegaba a los 36 grados y, al menos en el casco urbano, no había electricidad. Para nadie en ese municipio parecía ser una novedad. Esa desconexión eléctrica es una de las razones por la que el centro de salud no presta sus servicios permanentemente, y si una parturienta, como llaman a las mujeres gestantes, iniciara su labor de dar a luz este día, tendría que ser atendida por un partero o ser remitida hasta Istmina, a un poco más de una hora por una vía a medio asfaltar. Esa sería la opción siempre que no haya ninguna complicación que implique un riesgo para la madre o el feto; de lo contrario, tendría que ser redirigida a 60 kilómetros, hasta la capital Quibdó, al Hospital San Francisco, un centro de segundo nivel de complejidad. El único hospital de este nivel en todo el Chocó, una región con más de 600.000 habitantes. Esto, pese a que hace cuatro años ese hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud a causa de déficit en atención, medicamentos y una honda crisis financiera.  En el caso particular del Chocó, su ubicación geográfica atravesada por varios ríos y una ínfima inversión para el desarrollo vial, ha dejado muchas zonas con accesos remotos. Al norte y al sur, los ríos Baudó y Atrato funcionan como únicas vías de entrada y salida. Y en los municipios con acceso terrestre, también hay numerosas comunidades lejanas y dispersas. Alci menciona la zona rural del municipio del Cantón de San Pablo, donde viven mayoritariamente pueblos indígenas emberá que pueden estar a tres o cuatro días caminando selva adentro. En ambas situaciones, las parteras y los curanderos tradicionales son la única presencia médica. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 23 médicos por cada 10.000 habitantes, en regiones como el Alto y Medio Baudó hay solo cinco médicos para casi 30. 000 personas, de acuerdo con datos recolectados por Médicos Sin Fronteras.  A la carrera de obstáculos se suma un problema aún mayor: la reconfiguración del conflicto en Colombia. Los dos principales grupos ilegales que operan en el departamento, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo narcoparamilitar del Clan del Golfo, han impuesto una misma estrategia de control territorial: prohibir a las comunidades andar río abajo en horas de la noche. Hay horarios demarcados y motivos específicos para poder moverse. Eso únicamente en caso de poder salir, ya que, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo , este departamento representa el 79 % de los confinamientos forzados en el país. Para las mujeres que gestan en medio de desplazamientos y confinamientos forzados, enfrentamientos entre grupos ilegales y negligencia estatal las parteras de sus comunidades pueden representar la diferencia entre vivir o morir.  Esa presencia tan significativa les ha traído tanto satisfacciones personales como amenazas y extorsiones de diferentes grupos ilegales, intimidaciones por parte de las bandas de delincuencia común y hasta extorsiones del Clan del Golfo, la estructura criminal más grande del país. Así lo cuenta como susurrando una de parteras, quien tiene más de 70 años y ha tenido que ceder ante las presiones de los ilegales.  — ¿Tiene miedo? — Ya hemos entregado mucho. Si me toca irme a la tierra, lo hago. Alguien tiene que romper esas cadenas que hemos tenido las parteras. Esa visión de la juntanza y el trabajo colectivo ha sido su forma de resistir y de que su labor perviva. María Visitación, Aleida y Alci hacen parte de ASOREDIPAR-Chocó, una asociación interétnica de parteros que ya suma más de 1.000 integrantes. La necesidad de agruparse inició hace nueve años en cabeza de Manuela Mosquera, quien ha liderado el proceso de consolidación de esta red que a su vez sembró la semilla para el nacimiento de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico. Manuela declara que la idea de formar una red surgió porque ella, comadre, veía con preocupación como las parteras pasaban décadas prestando un servicio comunitario y al final, terminaban sus días en la precariedad y sin ningún tipo de apoyo gubernamental. La mayoría de las comadres de la asociación no dimensionaban el impacto de la partería en la salud pública y en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial, las más pobres y las racializadas. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS), la mayoría de víctimas de muertes maternas en Colombia tienen dos características particulares: son mujeres con pertenencia étnica: afrodescendientes o indígenas y de clase social baja.  Nadie debería morir dando vida Ya casi era la media noche en Condoto y mientras Aleída lavaba los platos, irrumpió en su casa una gestante urgida. Dejó los trastes, corrió, tomó su kit, y le preguntó: “¿Qué sientes? ¿Tienes visión borrosa? ¿Escuchas zumbidos?”. Le tomó la presión, le hizo un tacto. Recuerda que, tras examinarla, supo que algo no andaba bien y que la atención en su casa no sería suficiente. Llamó a una ambulancia y se subió al carro con la mujer camino a Quibdó, donde la parturienta logró dar a luz sin arriesgar su vida. Un hecho similar vivió María Visitación en su casa en Yuto. En un pequeño cuarto contiguo a la sala, donde tiene una maleta preparada para cualquier urgencia, una materna le pidió atender su alumbramiento. María Visitación la revisó de arriba abajo y luego se negó. Fue tras examinar que determinó que el feto era tan grande que la mujer necesitaría una cesárea y debía hacerse en un centro médico. La parturienta, fiada plenamente en su palabra, se dirigió al hospital y como lo había advertido la partera tuvo que someterse a una cesárea. “ Nosotras sabemos hasta qué punto podemos llegar y hasta donde va nuestro trabajo. Hemos aprendido a identificar riesgos a tiempo ”, reflexiona María Visitación. En esa confianza y primer enlace con sus las comunidades radica el valor transcendental que tiene la partería para mitigar la mortalidad materna. El INS ha señalado que dos de las principales causas asociadas a las muertes maternas son el trastorno hipertensivo y hemorragia obstétrica, ambos prevenibles y tratables.  Recientemente, hubo un momento cúspide para el reconocimiento de esta práctica, pues finalmente tras décadas de invisibilización, la importancia de la partería tradicional volvió al debate público. Durante la pandemia por COVID-19 la tasa de mortalidad materna se disparó en el mundo, y Colombia no fue la excepción. Las embarazadas evitaban ir a un hospital o simplemente no podían salir de su comunidad producto de la crisis sociosanitaria. A quienes acudían por cercanía y familiaridad eran a las comadres. Eso empezaron a notarlo algunos organismos de ayuda humanitaria en el Chocó. Incluso mucho antes que el mismo Estado colombiano que aún no logra garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; ni tampoco ha podido garantizar el acceso total de los pueblos étnicos a la salud. En medio de la pandemia, estas oenegés decidieron apoyar esta labor. De esa forma arrancó en 2020 el programa “ Partera Vital” del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA). Durante cuatro años se han enfocado en fortalecer la práctica de las comadres formándolas en diversas áreas de la medicina y suministrando kits básicos. “Apoyar la partería tradicional étnica es una de las estrategias más eficientes para reducir la mortalidad materna”, destaca Luis Mora, representante de la UNFPA en Colombia. Añade que esto ya ha sido probado por años en otras regiones del mundo como África Occidental. El programa ha tenido tan buenos resultados que se busca replicarse en otros departamentos con altas tasas de mortalidad materna como La Guajira y Nariño. “Nadie debería morir dando vida”, sentencia el hombre.Ante la desidia estatal y gracias a la interlocución de ASOREDIPAR, al impulso de la partería tradicional en Colombia se han ido sumando otros aliados claves como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esas alianzas les han ido dotando de elementos básicos como tensiómetros o pantalones médicos antishock —necesarios en el manejo de la hemorragia postparto—. Las parteras señalan que por muchos años adquirir algunos equipos resultaba económicamente imposible para ellas.  La lucha por un trabajo digno  Mujeres que pasaron décadas alumbrando a otros ahora viven sus últimos días en la oscuridad. O lejos de sus comunidades y familias extendidas. Así ha sido la trágica realidad para varias parteras — mujeres de más de 70 años — quienes al llegar a la vejez sufren de ceguera y otros males propios de décadas de trabajo en la precariedad, como lo recuerdan las hijas y nietas que heredaron sus saberes. Los malestares físicos empeoran ante la situación de empobrecimiento en la que viven la mayoría de las parteras de la tercera edad que ni en sus sueños más locos contemplaron una pensión ante años de esfuerzo físico y aporte comunitario . A ello se suma la violencia en sus territorios, donde producto de esa precarización y el conflicto armado salen huyendo.  Ese es el caso de Petrona Mosquera, quien salió huyendo hace dos décadas de su natal Chocó y se ubicó en las periferias de Bogotá, en Ciudad Bolívar. Aun en medio del exilio Mosquera quería mantener viva la práctica de la partería . Con esa decisión en mente, en los últimos años se ha dispuesto a mantener viva esa práctica. Atiende en su casa, o en las salas de sus vecinas en el barrio, a mujeres racializadas y desplazadas por la violencia que siguen buscándola por sus saberes y porque muchas tampoco cuentan con un servicio médico en la capital. Mosquera no es la única, pero sí la líder de Las Comadres, un grupo de mujeres que se agruparon, entre otras, para mantener viva esa labor tras salir expulsadas de su tierra.  Ninguna de la docena de parteras entrevistadas había concebido su labor como un trabajo remunerado, más bien para ellas ha sido un servicio que estaban destinadas a prestar en sus comunidades. Cuando deciden cobrar no suelen tener tarifas fijas, sino que depende de la capacidad económica de las mujeres que atienden, las cuales viven en su misma vulnerabilidad. Por atender un parto pueden recibir desde 5 dólares (20.000 COP) o 25 USD (100.000 COP) en los mejores y más excepcionales casos.   trona Mosquera salió huyendo hace dos décadas de su natal Chocó y se ubicó en las periferias de Bogotá, en Ciudad Bolívar. Aun en medio del exilio Mosquera quería mantener viva la práctica de la partería. “La partería nace del corazón. Pero vivir de esto es difícil, no tenemos apoyo y nosotras no podemos abandonar a una parturienta que nos necesita, no la podemos dejar morir”, asegura Aleída. Frente a su casa hay un letrero donde anuncia que toma la tensión por 2.000 pesos colombianos (aproximadamente 50 centavos de dólar). Esa es apenas una de sus muchas formas de rebusque diario. Cuando el río Condoto crece se va a buscar pescado para vender, o vive de lo que le pagan para hacer bebidas medicinales con plantas. Con la intención de evitar que una tradición tan significativa desaparezca o se convierta en un mandato de pobreza para quienes la practican, hace dos años ASOREDIPAR en conjunto con Ilex, una firma de abogadas afrodescendientes, instauraron una acción de tutela que resultó en un falló histórico: la sentencia T-128 del 2022. En ella, la Corte Constitucional le ordena al Ministerio de Salud integrar a las parteras al Sistema General de Seguridad Social.  La decisión fue el primer paso para caminar hacia la dignificación de ese trabajo de cuidado, pues desde allí ha sido una odisea lograr que lo consignado en el fallo se materialice en la vida de las parteras. De acuerdo con Audrey Mena, subdirectora de Ilex, la decisión tiene implicaciones en muchos niveles, pero principalmente cuando se trata de una garantía real de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres rurales, las afro e indígenas. “Desafía las estructuras de exclusión, pero también muestra la resistencia que han venido haciendo ellas para que se reconozca su rol como agentes comunitarios de la salud. Para mí se configura como un escenario de lucha contra la discriminación racial, de género, de clase”, afirma Mena.  Durante la pandemia por COVID-19 la tasa de mortalidad materna se disparó en el mundo, y Colombia no fue la excepción. Las embarazadas evitaban ir a un hospital o simplemente no podían salir de su comunidad producto de las crisis sociosanitaria. A quienes acudían por cercanía y familiaridad eran a las comadres. El mismo año de este fallo, el Congreso de la República aprobó la Ley de parto digno, humanizado y respetado, otro logro histórico para las personas gestantes en el país que luchan día a día contra la violencia obstétrica. En el artículo 11 de la ley, precisamente, hay un espacio dedicado a la partería tradicional y a la obligación del Estado que se compromete a promover la capacitación de las parteras y apoyar su formación. Con ambas decisiones, Colombia se convierte en vanguardia legal y jurisprudencial. Sin embargo, los marcos legales no resuelven los problemas estructurales.  El obstáculo más grande es otro: trascender lo simbólico para convertirlo en una realidad material. Mientras se hacía este reportaje, en el Alto Baudó murió otra una materna por hemorragia postparto, un antecedente que ya tenía de embarazos previos, pero que de tener acceso fácil a controles prenatales en su comunidad en el río Dubaza, se hubiese podido evitar. Ella fue apenas una de las 161 que murieron solo la primera semana de octubre. En Colombia, a diario siguen muriendo mujeres negras, indígenas, pobres, mientras el Estado colombiano avanza a un ritmo tardío y deja las soluciones en manos de la cooperación internacional.  Esa batalla se la han echado al hombro las abogadas afro y las parteras, quienes buscan conciliar las visiones médicas occidentales, la burocracia estatal y las necesidades territoriales. Pero las dilaciones en los escritorios de las grandes ciudades siguen sin cobrar sentido para María Visitación, Aleída, y Alci, quienes reclaman lo mínimo: seguridad social para seguir dando y protegiendo vidas en condiciones dignas. Enfatizan en que su afán no es entrar en disputa con los médicos rurales que atienden en los centros de salud de sus municipios, por el contrario, todos coinciden en que lograr una articulación ampliaría el impacto de su oficio. “Lo que no sabe el médico occidental, lo sabe el ancestral, por eso hay que trabajar de la mano”, reitera Aleída. De hecho, así lo ha hecho Alci, quien ya ha buscado establecer diálogo y alianzas con el médico del Cantón de San Pablo, lo que derivó en que ya han atendido partos juntos.  Si bien las necesidades de las parteras tienen un componente económico, no es el único ni el más central para ellas. Sus sueños son más grandes, son colectivos, son comunitarios. En todos los municipios del Chocó donde hay parteras el anhelo de sus parteras es el mismo: su propio nicho, como le llaman a los consultorios de partería. Anhelan que en cada municipio del Chocó exista una “Casa de la Partería”  donde los cuidados sean el centro de la atención sanitaria, donde pueda converger la medicina ancestral y la medicina occidental. “No queremos llevarnos estos conocimientos a la tierra. Quisiéramos transmitirlos, que podamos capacitarnos unas a las otras”, apunta María Visitación sobre sus planes en un nicho. Insiste en que sus saberes no se pueden perder, por eso ha estado transmitiéndoselo a dos de sus hijas.   “Ángeles que van pal’, ángeles que van pal’ cielo dénmele un saludo a dios, que me guarde mi cupito para cuando vaya yo”, canta Petrona, Yolanda la sigue. Fidelino y Aleída continúan los cantos mientras baila, y ella sostiene una caja blanca que antes estaba en un altar lleno de flores. De esa forma despiden las parteras y las comunidades afro a los recién nacidos que mueren tras el parto: en un Gualí. Ese acto fúnebre no solo tiene un componente de tradición, sino también de gestión del duelo para las recién paridas que, por diferentes circunstancias, pierden a sus hijos. Así lo cuenta Yolanda, otra partera. En la cultura chocoana y afro pacífico la pérdida de un recién nacido no se conmemora igual que la de un adulto, sino que los alabaos’ tienen un tono festivo en honor a un alma pura que va al cielo. En el ritual no solo participa la familia, sino que toda la comunidad canta, rodea y apoya a la madre.  Las comadres son expertas también en ese tipo de ceremonias. Su acompañamiento es fundamental para la salud mental de las madres en estos casos. Ellas preparan detalle a detalle, conocen qué plantas y flores usar para el ritual. Se convierten en un sostén emocional para las familias. Para las comadres la visión de la salud es holística, no solo se trata del bienestar físico. De nuevo, su presencia se vuelve determinante para el bienestar de las comunidades donde habitan, en el nacimiento y en la muerte. Quizá por ello se resisten a irse, a rendirse, a ceder ante la precariedad de su labor o ante el miedo. Se saben acompañadas por una red extensa de cientos de niños y niñas que han recibido sus manos y miles de madres que pueden contarlo gracias a ellas, las guardianas de la vida: las parteras tradicionales.  ---- Este artículo fue desarrollado durante #CambiaLaHistoria  , un proyecto de la DW Akademia y Alharaca

Miles de familias han sido desplazadas de manera forzada en México por la violencia. Ante la falta de acceso a derechos como la salud, las mujeres desplazadas retoman su conocimiento ancestral para atender dolencias, sustos y partos. Esta es la historia de Nallely, Irma, Concepción y la vida que trajeron juntas. Texto y fotos de Juana García e intervención de Ángel Eduardo. El viento sopla sobre los tendederos provisionales llenos de prendas de varias familias refugiadas, hay algunas camisas de hombre, pantaloncitos desgastados de niños y bebés. Nallely está a unas semanas de parir. No ha tenido dinero para hacer el seguimiento de ultrasonido, tampoco puede salir de Yosoyuxi, donde es acogida, por miedo a las balas. En esta situación, sus únicas aliadas son las curanderas, las hierbas y el temazcal. En el kuaá já , las médicas tradicionales preparan a Nallely antes de parir. Nallely es una mujer delgada, tiene 38 años de edad y cinco hijos : una adolescente y cuatro niños. Ella forma parte de la comunidad triqui de Tierra Blanca que, entre diciembre del 2020 y enero del 2021, tuvo que desplazarse por la amenaza de la violencia: 143 familias, 503 personas dejaron sus casas desde entonces. Ni sus parcelas, ni sus animales han vuelto a ver en cuatro años. La familia de Nallely salió sin rumbo junto a otras decenas de familias, “con lo único que traían puesto, caminando por alrededor de 6 kilómetros hacia Concepción Carrizal y otros a Yosoyuxi”. Ahí fueron acogidas y resguardadas por las autoridades de Yosoyuxi, en una escuela-albergue indígena, mientras que los estudiantes no lo usaban por la pandemia del Covid-19. En agosto del 2023 tuvieron que dejar el espacio cuando los estudiantes volvieron a clases presenciales. Después, cada familia buscó otro destino propio. Muchos se han ido. A inicios de 2021 algunos llegaron a la Ciudad de México a exponer su situación de desplazados por la violencia y se quedaron a vivir. Otros se fueron con sus familiares a otros lugares como la ciudad de Oaxaca, Huajuapan de León, Tlaxiaco, Santiago Juxtlahuaca y a otras comunidades. La familia de Nallely y al menos unas 70 familias permanecen en Yosoyuxi, aunque por la falta de trabajo se ven obligados a migrar por temporadas. El desplazamiento forzado interno que viven las personas como Nallely afecta su vida cotidiana, el acceso a sus derechos como la vivienda, el territorio, la alimentación, la educación y a la protección en la salud y atención médica, entre muchos otros . Por ello, las mujeres han recurrido a sus conocimientos ancestrales sobre las hierbas, remedios y prácticas que le fueron heredadas por sus madres y abuelas, para tratarse y atenderse. La Hierba coyote o yerba amarga, y diversas hierbas se mantienen resguardadas para ser usadas en el momento que se requieran. Concepción e Irma son dos curanderas de Tierra Blanca Copala. Ellas acompañan a Nayelly en su embarazo. Tocan con sus manos el vientre para sentir los latidos del bebé y confirmar si está en una buena posición para nacer. Hablan entre ellas sobre los poderes de las plantas, las que sirven para la placenta, las que calman el dolor de cadera. Concepción tiene 66 años, es una de las curanderas mayores y con mayor experiencia; Irma tiene 34 años de edad, antes de ser desplazada se dedicaba a las labores del hogar, cuidaba sus pollos y a veces curaba, cuando la buscaban.   Las hierbas Desde que llegaron a vivir a este lugar las familias han sembrado yerbas varias, entre ellas yerba santa, una planta que se usa en la comida tradicional oaxaqueña, y que también es remedio eficaz para el dolor de estómago y la tos. Basta salir de la cocina para encontrar otras hierbas que las mujeres triquis identifican en su lengua y que usan para el tratamiento de cólicos y malestares, dolores de cabeza y de estómago. Con estas hierbas, las mujeres atienden los dolores de los niños y adultos. Cuando los niños se enferman, Irma busca un pocillo viejo y lo coloca en las brasas para preparar un té.  “ Los niños no aguantan lo amargo ”, dice. En cambio, dice con pena y una sonrisa en su rostro, para los adultos “las hierbas amargas se dejan reposar en aguardiente, para luego usarla o tomarla en té”. Para las comunidades indígenas, todas las plantas tienen un uso medicinal. “ Nos curamos con hierbas y tés. Es difícil salir de acá. Nos da miedo ir al municipio porque nos pueden emboscar como ha pasado con otras familias ”, cuenta Nallely, quien no ha salido de Yosoyuxi desde hace cuatro años. Su temor no es infundado, en ese mismo lapso de tiempo, se han documentado al menos cuatro emboscadas sobre la carretera federal Santiago Juxtlahuaca a Putla de Guerrero, donde se ubican las comunidades en conflicto como Tierra Blanca Copala, Yosoyuxi Copala y otros pueblos triquis. Así como Nallely y sus vecinos, hay más de 380 mil personas en situación de desplazamiento forzado en todo México, de acuerdo a las estimaciones de la organización no gubernamental la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) que desde hace algunos años estudia el fenómeno en el territorio. Daniel Márquez, oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, señala que históricamente se ha explicado que el desplazamiento de integrantes de comunidades indígenas sucede por motivos de orden político, conflictos de lindero territorial o por motivos religiosos. Y que en años recientes otras causas han sido “incidencias de autodefensas y de grupos de corte paramilitar y de fuerzas estatales”. Las familias también son desplazadas “por apropiación de territorio o fuego cruzado entre comunidades”, expone. Además de sus derechos,  las personas desplazadas perdieron sus formas de vida. Dejaron sus tierras, sus siembras de maíz y cultivo de plátanos, pues la mayoría de las familias se dedicaban al campo, mientras que las mujeres bordaban sus telares y cuidaban sus animales como pollos y puercos. Sin embargo, cada una conserva en su memoria los aprendizajes de las plantas medicinales que heredaron. “Cuando vivía con mi madre, me explicaba sobre cada hierba, para el dolor de estómago o diarrea, hervimos las hojas de la yerba santa o las hojas de la guayaba y nos las tomamos, poco a poco disminuye el dolor”, cuenta Irma, serena y pausada, con intervalos de una respiración profunda, mientras descansa un poco en la puerta de la cocina, es unas de las curanderas más jóvenes que fue expulsada de Tierra Blanca. Curarse de espanto Irma y Concepción también se encargan de curar los espantos. Entre las familias desplazadas los espantos son comunes, por haber atestiguado balaceras, por los momentos de angustia al huir de Tierra Blanca Copala o por la incertidumbre de retornar a su comunidad. Cuando una persona tiene espanto “va a solicitar ayuda especializada fuera del ámbito doméstico y remiten a la cosmovisión compartida por los integrantes de una misma comunidad”, explica la investigadora Céline Marie-Jeanne Demol en su libro Protección y cura: medicina tradicional en comunidades negras de la Costa Chica, Oaxaca . “ Llevamos casi cuatro años de estar encerrados, no salimos por miedo a que nos puedan tocar las balas como a los demás compañeros que los emboscan ”, narra Julia, otra de las mujeres mayores desplazadas que vive en la misma casa que Nallely. Oaxaca ocupa el sexto lugar tanto en número de personas desplazadas como de eventos de desplazamiento masivo de acuerdo a la CMDPDH. Entre 2016 y 2021, la Comisión registró hasta cinco episodios masivos de desplazamiento interno forzado en el estado, en los que se desplazaron entre 300 a mil personas, la mayoría de pueblos indígenas de la región de la Mixteca, que salieron para salvar su vida, dejando atrás sus casas, sus bienes, sus vehículos y sobre todo, su bosque. Caminaron en senderos, unos bajo los pinos, otros bajo los arbustos; sacaron solo lo que les alcanzó en las manos, una muda de ropa y unos zapatos. Otros, sólo unos papeles de identidad y sus hijos bajo los brazos. Según la norma internacional en materia de desplazamiento, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las personas en situación de desplazamiento que estén heridas o enfermas y aquellas que sufran alguna discapacidad recibirán en la mayor medida posible “y con la máxima celeridad, la atención y cuidados médicos que requieren; además, tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales, y se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido el acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en particular los servicios de salud reproductiva”. Para las familias desplazadas, nombrar sus muertos es parte de la sanación. Lo anterior no ha sucedido con las familias desplazadas del municipio de Santiago Juxtlahuaca como Tierra Blanca Copala. Tampoco con las comunidades de San Juan Mixtepec, donde al menos cinco pueblos atraviesan desplazamiento forzado desde hace 14 años, los cuales, ni siquiera están reconocidos ante la Secretaría de Gobernación (Segob). No existen como “desplazados”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo encargado de vigilar el cumplimiento de derecho de México, investigó el desplazamiento forzado en la comunidad de Tierra Blanca Copala, de donde es Nallely, y publicó, en el año 2021, el expediente 4/2021/9908/Q señala que no hay registro de que “la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca hubiese proporcionado atención médica suficiente a las víctimas de desplazamiento forzado interno”. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el órgano encargado de atender a la población indígena, como Nallely, Irma y Concepción, tiene un fondo para atender el desplazamiento forzado. Entre el 2021 y 2023, señaló haber destinado 400 mil pesos para las familias de Tierra Blanca Copala, pero sólo 34 de ellas recibieron algo de alimentos y productos de higiene personal. Julia, Nallely e Irma narran que para el gobierno de Oaxaca no existen: “Pues vienen las caravanas, en el pueblo de Yosoyuxi, pero no a vernos a nosotras, para el gobierno no existimos”, indican. La salud implica el acceso a alimentos de calidad y las familias desplazadas no la tienen. La especialista en nutrición Gloria Irene Ponce Quezada realizó un diagnóstico nutricional durante el mes de septiembre del 2024 en Yosoyuxi Copala, con las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, como Nallely. “Un dato que hace evidente el problema de malnutrición por el cual está pasando la comunidad es la talla baja. El 63.64% de las y los menores de 19 años evaluados presentaron talla baja o ligeramente baja para la edad, mientras que el 87.5% de las personas adultas tienen talla baja. Lo anterior evidencia que la comunidad tiene desde edades tempranas, deficiencia de macro y micronutrientes lo que se refleja en un retraso o estancamiento en el crecimiento”, indica el estudio de la nutrióloga.   El temazcal para sanar el cuerpo Después de darle de comer a sus cuatro hijos y a su esposo Nallely se dirige al kuaá já  conocido como baño de vapor o temazcal . El esposo de Irma ayuda a prender el fuego y a calentar las piedras que se usarán para hacer el vapor. Después de tres horas, los leños se consumen y quedan las brasas al rojo vivo. Irma coloca una cubeta de agua adentro y comienza a amarrar ramos de koo ta´a , un árbol nativo del territorio triqui que se usa para sanar las dolencias del cuerpo. El temazcal es una práctica cotidiana para las comunidades triquis y Ñu´u Savi de Oaxaca como parte de su cosmovisión en la medicina. El calor se genera cuando se deja caer una jícara de agua de la cubeta a las brasas y piedras. “Si hay dolor en su cuerpo, sobre todo en la espalda o la cadera por el embarazo, con las ramas se jala el calor hacia esa zona, con la rama se le pega en todo el cuerpo, pero principalmente, donde hay más dolor”, dice Irma, mientras espera ingresar al kuaá já  con Nallely. Los niños también entran al temazcal para curarse. . Los conocimientos en la medicina tradicional son generacionales. Para las mujeres indígenas, el temazcal y las hierbas son parte de la cura diaria. Nallely se recoge el cabello y se desviste para absorber el calor de las brasas y piedras. Ingresa al temazcal, algunas veces con Irma, otras acompañada de otras mujeres. En las afueras de una casa prestada ellas recrean, generan un pedacito de lo que fue su hogar, de lo que son sus formas de cuidarse. “ Nos prestan este espacio mientras esperamos poder regresar a nuestro pueblo , aunque lo vemos muy difícil pero no perdemos la esperanza”, comenta doña Julia, quien vive en la misma casa que la familia de Nallely, con dos de sus hijos y su esposo. Concepción usa el temazcal en combinación con las agujas. “Cuando nos duele mucho la cabeza, ella busca donde están las venas y la entierra hasta que salga la sangre, para calmar el dolor. Al siguiente día nos manda al temazcal”, dicen las mujeres que se refugian en Yosoyuxi. Por la mañana del lunes 14 de octubre del 2024 Nallely parió en un hospital a su quinto bebé. Su hijo pesó 2.8 kilos, un número por debajo del peso normal. “Me dijeron que se me había pegado la placenta y no quería salir, además que el bebé no respiraba, pero el parto fue normal y me tuvieron en el hospital durante cinco días. Él está bien”, dice entre risas de desafío y escepticismo. El domingo 20 de octubre Nallely volvió al temazcal. Este útero de fuego, tierra y piedra le ayuda a recuperarse del parto, mientras elige una palabra en su lengua para nombrar a su bebé. ---- Este artículo fue desarrollado durante #CambiaLaHistoria , un proyecto de la DW Akademia y Alharaca

En los últimos seis años, en Yucatán al menos 37 niñas, niños y adolescentes quedaron en orfandad por feminicidio: perdieron a sus madres por la violencia de género. Parecieran estar en el limbo, pues las acciones del Estado se centran en capturar a los feminicidas. ¿Qué ha ocurrido con ellas y ellos? ¿Cómo han logrado ejercer sus derechos después de ver truncadas sus vidas de manera tan violenta? Ilustraciones: Eloísa Casanova Los nombres fueron cambiados para resguardar la integridad de las fuentes* David juega con uno de sus primos. De pronto se detiene para señalar una fotografía colgada en la pared, es la imagen de una joven con el largo cabello oscuro sobre los hombros, que mira a la cámara con labial reluciente y media sonrisa en la cara. “ Es mi mamá, toda bonita ”, le dice.  Según su abuela, Amaranta, desde que David era un bebé observaba el retrato y fue hasta que cumplió cinco años que le preguntó qué le había pasado. Ella solo contestó que Ivana, su mamá, había dejado de vivir cuando él tenía 10 meses de edad. No entró en detalles: solo le dijo que un día -en diciembre de 2017- salió de casa y no regresó.  Ivana fue víctima de feminicidio cuando tenía 20 años,   a manos de la pareja de una de sus amigas. Amaranta se volvió el único sustento de su nieto: el padre del niño tiene una adicción a sustancias estupefacientes y no reconoció legalmente a David ni se hizo responsable de él más que un par de meses. “David decía que tenía tres mamás: mi mamá -es decir la bisabuela de David-, Ivana y yo. Dos de ellas ya murieron. Solo quedo yo. Y un día me preguntó ‘el día que llegues a morir, ¿quién me va a cuidar?’ Me puse a llorar”, cuenta Amaranta. Lo que ella gana vendiendo elotes y dulces, la despensa mensual que les brinda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán), el cuartito que les construyeron autoridades estatales y la beca escolar de 800 pesos mensuales que el Gobierno local le da a David, no cubren todos los gastos y necesidades del niño. Aunque la sentencia por el feminicidio impuso al responsable el pago de un monto económico como reparación del daño, a la fecha David no ha recibido el dinero. Apenas en 2023 la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), le dio una parte de la cifra “como una compensación”, a pesar de que Amaranta había solicitado el pago desde el primer momento.  Si bien está acostumbrada a cuidar a David, le resulta pesada la parte económica. El estrés ya le pasa factura: hace cinco años le diagnosticaron diabetes. Ya se le empezaron a caer sus dientes y tiene altos los triglicéridos. Ella atribuye su enfermedad al impacto del feminicidio de Ivana, su hija. Tres años después de los hechos violentos, abuela y nieto ingresaron al Registro Estatal de Víctimas. Pero no han visto ningún beneficio como parte de ese proceso: Amaranta acudió a terapia en un recinto del DIF, pero no terminó el tratamiento de 10 sesiones, pues debía cuidar a David. No ha sido fácil para ella procesar todo lo que le ocurrió a su familia. “Fue un proceso bien difícil…estar bien, como estaba antes, está difícil… es algo que nunca se olvida”, afirma.  Ilustraciones de Eloisa Casanova. La historia de David y Amaranta no es la única. Tan solo de enero de 2018 a marzo de 2024, en Yucatán al meno s 37  niñ as, niños y adolescentes quedaron en orfandad por feminicidio. Y especialistas han identificado patrones que apuntan a que esas hijas e hijos quedan en el limbo, pues no es prioridad del Estado restituir los derechos de quienes son víctimas indirectas de la violencia de género. DUELOS, BUROCRACIA E INCERTIDUMBRE Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio no solo enfrentan el dolor de la pérdida de sus madres. Si no cuentan con una red familiar sólida, son enviados a alguna institución de asistencia social. Actualmente en Yucatán hay una niña de 6 años y un niño de 12 en un Centro de Asistencia Social del Estado en esta condición, de acuerdo con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay). Si bien esta acción en ocasiones es necesaria, lo cierto es que en esos sitios también se presenta violencia .  En otros casos, las abuelas maternas asumen los cuidados. No tienen el camino fácil: de acuerdo con la antropóloga especialista en género  Perla Fragoso, los efectos del estrés son tales que en 20% de los casos que estudió en Chiapas y Yucatán, las abuelas murieron poco después del delito por secuelas de padecimientos adquiridos por la desgastante búsqueda de justicia.   Es decir, de 15 historias que revisó en tres de ellas las mujeres murieron entre dos y tres años después del feminicidio de sus hijas, una por diabetes y otras dos no fueron diagnosticadas, “se fueron enfermando de tristeza” . Y es que además de llevar su propio duelo, la mayoría trunca su plan de vejez para mantener a sus nietas o nietos y empujar procesos jurídicos para restituir sus derechos. El víacrucis lo ejemplifica Ligia Canto, quien luchó durante cuatro años para obtener la patria potestad de sus tres nietas y su nieto tras el asesinato de su hija Gabriela Molina, perpetrado en marzo de 2017 por Martín Medina, el padre de las niñas y el niño.  Ligia Canto ha participado en incontables protestas para exigir justicia por su hija Gaby y sus “leoncitos”, como apoda cariñosamente a sus tres nietas y a su nieto. Fotografía de Lilia Balam Esto pese a que Medina fue privado de la libertad por lavado de dinero,  se comprobó que denunció a Gaby por delitos falsos para quitarle a sus hijas e hijos y había una resolución de 2016 que le quitaba la patria potestad, así como una sentencia de incumplimiento de pensión alimenticia y la sentencia del feminicidio. “Hice circo, maroma y teatro, saqué agua de las piedras para obtener la guarda y custodia”, sostiene Ligia.  Apenas el 31 de julio de este año se reformó  el Código de Familia de Yucatán para que a las personas vinculadas a proceso por el delito de feminicidio se les suspenda la patria potestad y a las sentenciadas por feminicidio se las revoquen por completo.  Muchas familias desconocen que no contar con la patria potestad obstaculiza otros procedimientos, como la obtención de un pasaporte, una herencia o el acceso a servicios de salud. “Las familias lo ignoran, la autoridad no les dice y eso se convierte en pretexto para no darles la atención que requieren”, apunta Fragoso.  Eso ocurrió con la familia de Sulema, víctima de feminicidio a manos de quien era su pareja y padre de sus hijas e hijo en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19 y después de un largo historial de violencia.  La entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (hoy Prodennay), otorgó el resguardo temporal de la adolescente, dos niñas y el niño a su tío materno Josué y a la esposa de este, Viridiana. Cuando dictaron la sentencia, una abogada indicó a Josué y Viridiana que debían demandar para obtener la guarda y custodia y reclamar el pago de reparación del daño. Pero ellos no tenían tiempo ni recursos para hacer el trámite. Las autoridades tampoco facilitaron el procedimiento. Además, la abuela paterna quería convivir con sus nietas y nieto, quienes la extrañaban también porque crecieron con ella. Esto generó conflictos en las familias. Los hermanos se quedaron con los tíos maternos y tres años después se fueron a vivir con la abuela paterna, quien desde entonces les brinda apoyo económico. A la fecha los hijos de Sulema no han recibido la reparación del daño. Ilustración de Eloisa Casanova La violencia de un feminicidio impacta profundamente a niñas y niños y si atestiguaron el delito o vivieron durante años en contextos violentos, la situación se agrava, de acuerdo con Sandra Soto, fundadora de la organización “Huérfanos por feminicidio en México”. Pueden presentar pesadillas, incontinencia, volverse más introvertidos o tener episodios de tristeza o ira. También enfrentan el estigma de sobrevivir a un incidente altamente violento, lo cual puede desembocar en deserción escolar. “La falta de certeza jurídica, de saber quién fue la persona responsable y si está cumpliendo una pena, enrarece las dinámicas familiares. Esa presencia de algo violento puede no ser comprendido ni bien acompañado en contextos escolares y terminar en un señalamiento”, indica Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). A menudo las madres son las únicas o las principales responsables económicas de niñas, niños y adolescentes, por lo cual el feminicidio implica además, la pérdida de ingresos, generando carencia material, según datos de Ramírez. De acuerdo con las especialistas y defensoras de derechos humanos entrevistadas, la Ley General de Víctimas  y su equivalente estatal, establecen que se deben facilitar procesos educativos, médicos, psicológicos y jurídicos para garantizar la estabilidad de las víctimas indirectas. En casos de feminicidio, estas necesidades deben ser atendidas según el Protocolo Nacional de Atención  Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, que entró en vigor en agosto de 2021.  Pero en la práctica esto no se garantiza del todo. A las hijas e hijo de Sulema les asignaron becas escolares bimestrales, pero tardaron más de un año en darles el dinero. También les ofrecieron despensas, pero Josué y Viridiana no las tramitaron porque para ello debían trasladarse a puntos de la ciudad alejados de su hogar. Los llevaron a cinco sesiones de terapia que les brindaron, pero no lo consideraron suficiente: la hija mayor tiene dificultades de aprendizaje y llora al recordar a su mamá. El varón, al igual que sus hermanas dejó la escuela. Se enoja con facilidad, lo cual Viridiana atribuye a un proceso de duelo. Les ofrecieron llevarles de nuevo a terapia, pero rechazaron acudir. Solo la hija menor sigue estudiando con ayuda de la beca. Josué y Viridiana desconocen si alguna de las hijas o el hijo de Sulema están en el Registro Estatal de Víctimas: antes de la entrevista, no habían oído hablar de él.  A las nietas y nieto de Ligia Canto, madre de Gabriela asesinada en 2017, la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), les envió una psicóloga desde la Ciudad de México, quien insistió en hablar del asesinato. Eso les conmocionó y Ligia decidió interrumpir las sesiones. Previo al feminicidio, recibían atención médica de especialistas en alergias y odontología y participaban en actividades extraescolares. Ligia solicitó a la CEAV apoyo para que siguieran su vida lo más apegada a la rutina que tenían, pero no lo obtuvo, desistió por lo complicado de los trámites.  Algunos de los problemas de salud de sus nietas y nieto cedieron, pero otros están en suspenso por falta de recursos. La mayor debió someterse a cirugía desde hace dos años, pero no ha podido por la carencia de dinero.  A la fecha no han recibido el pago de la reparación del daño. A Ligia no le han informado cuándo les otorgarán los recursos. Ella no busca que el gobierno les mantenga: solo quiere que cumpla sus responsabilidades con sus nietas y nietos quienes son, insiste, “huérfanos del Estado”. Las especialistas consultadas para este reportaje coinciden: realizar un censo es el primer paso para que el Estado restituya los derechos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, pues a la fecha no se sabe cuántos se encuentran en esta situación en el país ni cuáles son sus condiciones de vida. Con eso se podrían construir canales apropiados para informar sobre los servicios de atención y protección de derechos.  La omisión de cuidados adecuados puede generar vulneraciones consecutivas a sus derechos, quebrantar su desarrollo emocional, psicológico e incluso su trayectoria educativa: si faltan los ingresos mínimos para garantizar su subsistencia, podrían verse obligados a ingresar prematuramente al mundo laboral, de acuerdo con la directora de REDIM.  ANTE LA OMISIÓN DEL ESTADO, LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Si bien garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes es tarea del Estado, la Ley  General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisa que a toda la sociedad le toca su cuidado y atención.  Tras el feminicidio de su hermana Serymar Soto en enero de 2017, Sandra notó que ninguna autoridad se preocupó por su sobrino, Romeo, de entonces tres años y medio. Abogada de profesión, investigó y encontró que las hijas e hijos de otras víctimas estaban invisibilizados, como si sus derechos “estuvieran en la basura”. Abrió una página en Facebook para buscar al asesino de su hermana y comenzó a recibir solicitudes de ayuda de otras víctimas indirectas de feminicidio de su natal Coahuila y otras partes del país. Así surgió la organización “Huérfanos por feminicidio en México”, que en 2018 presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir la reparación del daño a 18 hijas e hijos de víctimas de feminicidio. El organismo recomendó al Gobierno de Coahuila crear un programa para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio, acción que se ejecutó ese mismo año.  Aunque se le solicitó pagar 6 mil pesos mensuales a cada hija o hijo de una mujer asesinada, la autoridad estatal sólo aprobó el pago de 4 mil pesos bimestrales. Además los apoyos que brindan las autoridades no son adecuados para las infancias y adolescencias afectadas.  Con todo, sólo Coahuila y el Estado de México tienen programas de esa naturaleza. Además el movimiento logró poner el tema en agenda: en 2020, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y el de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presentaron  el Protocolo de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio.  Fue publicado  en el Diario Oficial de la Federación hasta agosto de 2021. Las dependencias informaron que solamente entre enero y dicie mbre de 2019 se registraron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad en 26 entida des. Las integrantes de la organización no se conformaron: reclamaron que el protocolo no contaba con recursos y sólo estaba en papel, además que nadie preguntó a las afectadas qué necesitaban para hacerlo funcional. Desde entonces, ninguna autoridad volvió a tocar el tema. “Seguimos en las mismas”, asegura Sandra. En los últimos años, la sociedad yucateca ha prestado particular atención a los casos de feminicidio. En Yucatán se organizaron de otras formas. La familia de Josué y Viridiana se turnó el cuidado de las hijas e hijos de Sulema cuando la crisis económica de la pandemia de Covid-19 les pegó. Supieron del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asociación que convocó a donaciones de ropa y muebles. Y sus amistades les apoyaron con otros insumos: por ejemplo, uno de sus amigos les regalaba carne.  A Ligia y sus “leoncitos”, como cariñosamente apoda a sus nietas y nieto, les arroparon amistades y organizaciones. Ella dice que también  se volvió detective. Hoy recomienda a quienes atraviesan situaciones similares que lean cuidadosamente los documentos relacionados con los procesos jurídicos, para conocer sus derechos y no dejar que se los pisoteen.  Amaranta, la madre de Ivana, ha logrado sacar adelante a su nieto David de ahora 7 años. Pero sí considera que las autoridades deberían brindar los recursos suficientes para mantenerlo. Lo único que quiere es lo que su hija también anhelaba: que a su nieto no le falte nada. Sin embargo a David le falta su madre y muchas cosas más.  ---- Este artículo fue desarrollado durante #CambiaLaHistoria  , un proyecto de la DW Akademia y Alharaca

Somos un medio joven e independiente: eso traduce en un montón de obstáculos, pero también de oportunidades. Por eso, creemos que el 2024 fue un año inspirador. Encontramos en nuestros colaboradores historias frescas, respetuosas y humanas, que a través del periodismo narrativo nos acercaron a nuestros seguidores. Los reconocimientos se tradujeron en una comunidad amorosa y en ser los finalistas del Premio Periodismo de Excelencia y el Premio Pobre Que No Cambia de Mirada ¡Gracias por formar parte de esta aventura! <3 Te dejamos un Quiltra Wrapped del año que se va. ¡NOS VEMOS ESTE 2025 CON MÁS!

Según la Encuesta Nacional de Salud del 2022, un 69% de los jóvenes chilenos consume estupefacientes. En las fiestas de la Región Metropolitana, a diferencia de otras generaciones, las drogas ilícitas pasaron de moda. Hoy se consumen sustancias que venden en la farmacia: medicamentos para la tos, la ansiedad, analgésicos y hasta remedios veterinarios. Expertos explican que estamos en una crisis, pero que es antecedida por otra. Los tiempos de incertidumbre, la inestabilidad social y la pandemia, habrían hecho que los jóvenes encuentren en estas drogas un refugio frente al miedo hacia el futuro. Aquí una radiografía por distintos sectores de Santiago, desde que empieza el carrete hasta que termina. * Los nombres de las fuentes fueron cambiados para este reportaje Santiago Norte, 21:30 horas – Es sábado por la noche y Piero (20), dueño de casa, sale con su celular acompañado de Milán (20). Es un inmueble casi vacío, donde apenas hay un microondas en la cocina. Al fondo de la pieza de Piero, eso sí, hay una cantidad inimaginable de botellas vacías de Deucotos y AcForte, ambos jarabes para la tos . Otros cuatro amigos de la misma edad están sentados compartiendo dos frascos enteros de estos remedios mezclados con bebida. “Me gusta andar con ladronazo’ que se la tiran al minutazo. To’as las Glock están conmigo. Y la delincuencia camina conmigo” Suena el chileno Jere Klein en un parlante y el carrete está recién comenzando. Al ritmo de la música estos jóvenes buscan recetas médicas por Instagram para comprar otros tres jarabes en la noche, y algunos, mientras tanto, sacan sus llaves para consumir tusi saborizado. Los más populares: el de tres leches y lúcuma. Mientras inhalan, uno de los amigos que sueña con convertirse en estrella del trap y el drill, pone a Piero47 en el reproductor, y dice que vendiendo el tusi que él prepara de una manera “buena y sin fentanilo”, va a conseguir el auto de sus sueños, un BMW X5, que vale aproximadamente 84 millones de pesos, “y quizás hasta otra pistola más”, agrega. Con las recetas en la mano, uno de los jóvenes va directamente a comprar dos Deucotos a una farmacia, una Sprite de dos litros y tres cervezas para seguir la noche. Santiago Oriente, 21:30 horas - Al otro extremo de la ciudad las casas son gigantes, con jardines podados y no se escucha la música de los vecinos. Al interior de la casa de María Gracia (20), anfitriona del evento, 25 invitados de su misma edad se reparten piscolas, un pito de marihuana y cigarrillos, mientras suena la argentina Tini Stoessel. Esta casa eso sí, a diferencia de la Piero -donde apenas cuelga una foto antigua de su tío marcada por el paso del tiempo- está llena de enormes muebles y, desde la entrada, cuelgan fotos y recuerdos familiares. “Dale, miénteme. Haz lo que tú quiera' conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigo' (....) Amigo’”, Sigue cantando Tini de fondo. Antonella (20), amiga de María Gracia, está emocionada por el carrete al que van a ir. Se trata de una fiesta electrónica con mesas VIP. “Matemos piscolas para no comprar allá”, dice. “Curémonos y chao, cuatro piscolas y mínimo una al seco”, suma otra. Más tarde, en la fiesta, dejarán las piscolas y consumirán drogas más fuertes. Juan Pablo Urrejola, psicólogo clínico y especialista en adicciones y trastornos de ansiedad del Centro Terapéutico EJE, comenta que nuestro país, a nivel regional, “se encuentra en primer lugar de consumo de marihuana y segundo en la ingesta de opioides. Mientras que a nivel mundial, somos terceros en el uso de anfetaminas y sus derivados, y séptimos en el consumo de cocaína. Esto obviamente afecta la salud mental de los jóvenes, pero es una respuesta a buscar un refugio, sobre todo en tiempos de crisis ”, agrega el especialista. En ambas juntas l os objetivos son los mismos : gastar dinero, grabar videos para el recuerdo que se subirán a sus redes sociales, conocer gente del sexo opuesto, usar drogas y beber alcohol. Una previa en crisis Según datos del 14° Estudio de Drogas en Población Escolar del SENDA , el 9,5% de los escolares reconoció haber consumido tranquilizantes sin receta médica en el último año . La mitad de ellos dijo que accedió a través del entorno cercano, como un familiar o amistades (30,9%) o que lo tomó directamente desde la casa (16,6%). Otras formas de conseguirlo fueron en ferias libres o mercados (10,2%) y en farmacias con una receta de otra persona (6,9%). En este último punto, Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos señala que: “no se puede evitar que una persona falsifique una receta de papel. Cualquiera puede hacer un recetario en una imprenta. Además, no hay ningún lugar acreditado donde se necesite llenar un formulario o te pidan una credencial para eso, entonces, es el caldo de cultivo para la proliferación del abuso de estos medicamentos”. El psicólogo Juan Pablo Urrejola agrega que, si bien el consumo de alcohol bajó según la OMS, la realidad es que las clínicas y hospitales mostraron otra durante la pandemia, donde muchos jóvenes, por la incertidumbre y el aislamiento en el que estaban viviendo, se refugiaron en el alcohol, lo que llevó a consecuencias posteriores en el consumo excesivo de esta sustancia. El carrete: distintas zonas, distintas drogas Santiago Norte, 23:00 horas - Milán se contacta con Ethan (19), otro amigo del Sector Sur de Santiago que cocina tusi. En esta videollamada, Milán se preocupa de la preparación, los precios con que saldrá al mercado y comentan sobre el fentanilo diciendo: “ hermano, eso te deja terrible sicosiado, te vei enfermo, nica le pongo esa wea ”. Milán le responde: “ Mi sangre, el otro día compré en Las Rejas y quedé imbécil, nunca más ”. A su vez, mientras se hace la droga, se cuestionan el uso de una “olla decente” para que su sabor no sea a metal o aluminio, ya que para ellos lo más importante, aparte del efecto, es el gusto. Como consumidores, ambos prefieren el de frutos del bosque. Jorge Cienfuegos dice que el recipiente en donde se cocina la droga muchas veces no se revisa y puede estar en mal estado, por lo que en ocasiones, el efecto a largo plazo del consumo de cualquier sustancia cocinada en estas ollas, libera una gran cantidad de metales pesados y otros componentes, lo que puede generar daños agregados aún peores por ser neurotóxicos. “El consumo en jóvenes desde 20 años en adelante muchas veces es por ansiedad, es decir, utilizan la droga como un bálsamo social para poder generar relaciones de amistad o de pareja, para poder socializar y para poder conectarse con otras persona s. Estos años de pandemia significaron una detención, una pausa importante en cuanto a los vínculos”, sostiene Felipe Irusta, psicólogo especialista en adicciones y director del Centro Terapéutico EJE. Santiago Oriente, 23:00 horas - María Gracia pide un Uber con sus amigas y arriba del auto ponen “X ESO BB” de Niki Nicole y Jere Klein. Antonella reflexiona en voz alta: “me encanta esa canción, pero me carga el pendejo del Jere Klein, no se le entiende nada y es un drogadicto”. La interrumpe Elisa: “¿amiga teni’ efectivo para comprarle clona al Raimundo?”, y María Gracia responde: “yo traje media pastilla para cada una, tomémosla ahora y chao”. Al otro lado de la capital Piero y sus amigos hablan de cuando uno de ellos compró un jarabe pinchado en un campamento en Cerrillos. “Oh, hermano, eso era como chupar metal. Tenía un sabor asqueroso”, le interrumpe Bastián. Milán responde: “compañero, eso era como el tusi con fentanilo, que wea más tóxica”, insiste. Piero mientras hacía su noveno jale en menos de tres horas señala: “mira yo ahora ando piola, pero eso del fentanilo es pa’ perkines igual que las clonas, te deja imbécil. Además, los que consumen eso, por lo general, es gente super adicta, o mayores o de la calle”, hace la aclaración. En relación al jarabe, José Espinoza, dirigente por 25 años de la feria Bernardino Parada de La Pintana , dice que ha habido un aumento de la venta ilegal de medicamentos al aire libre , y señala que en una ocasión él compró ibuprofeno y se encontraba vencido. Esto, a su vez, va ligado al aumento de un 400% del robo de camiones de productos farmacológicos, y el aumento de un 1.000% en relación al 2021 en la incautación de más de 10.000 millones de dosis de medicamentos, según cifras del ISP. “El fentanilo debería estar regulado bajo la Ley 20.000. Si bien éste es similar a la morfina, tanto en su uso como en su efecto, a diferencia de Estados Unidos u otros países en donde se ven personas inyectándose esta letal dosis hasta quedar inconscientes, en Chile, por cultura, las drogas inyectables no han sido tan consumidas o no han estado tan a la moda como las drogas más convencionales por miedo a las agujas”, explica Jorge Cienfuegos. El experto dice que, aunque el fentanilo ha estado por años en Chile para fines médicos, el mal uso de éste, como por ejemplo en las mezclas de esta sustancia con tusi, pueden provocar distintos efectos, teniendo como resultado fallas renales, hepáticas y cardiacas. Mientras tanto, en el evento de tech del sector oriente, en la sección VIP, los más jóvenes consumen clonazepam y ketamina, los más adultos inhalan cocaína. En medio de la fiesta, muchos hombres mayores ofrecen a las veinteañeras esta droga, incitándolas a posteriores actos sexuales. Y mientras bailan , Elisa (20) acepta una dosis de ketamina de un extraño y la consume, en tanto, María Gracia comparte un cuarto de pastilla de clonazepam con Antonella. Las jóvenes se motivan por un objetivo en específico: ellas dicen que quieren “comerse a alguien”. O mejor dicho, estar toda la noche acompañadas por algún hombre. Con relación a la ketamina, que es utilizada para caballos, Jorge Cienfuegos señala: “hay un nicho bien oscuro en este asunto. Eso es materia específicamente del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Entonces, ahí entramos en la duda, ¿cuál es la capacidad del SAG para regular estos medicamentos? Y si bien, vemos que hay una precaria fiscalización ya de por sí en la venta ilegal de medicamentos, en el caso de la ketamina, es más baja de la que tiene el Instituto de Salud Pública (ISP)". Al ritmo del tech, María Gracia se dirige hacia un baño químico con un tal Benjamín, y Antonella empieza a sentirse afligida porque no encuentra ningún hombre para ella, por lo mismo, quiere conseguir ketamina también. En el otro sector de Santiago, Piero con sus amigos se dirigen a una plaza, en donde todos los chicos están consumiendo jarabe con Fanta o Sprite, mientras que otros jalan tusi. En el hogar de Ethan -una casa vacía, con cajas de remedios por todos lados, y una foto semi quemada de él y su mamá en el living- se encuentra la cocina, que prácticamente es un laboratorio artesanal. Al percatarse de esto, Milán exclama: “la hicimos compañero. De aquí pal mundo. Énfasis”. El resto responde: “Énfasis compañero. Nos vamos a robar el mundo”. Mientras que, en el otro carrete, Elisa se entera de que el hombre con el que bailaba estaba con ella sólo para pasar al salón VIP, lo que la pone muy triste. Al mismo tiempo, Antonella empieza a buscar más droga, ya que no llama la atención de ningún hombre y María Gracia sigue en el baño químico encerrada con Benjamín. Piero sale con sus amigos a la plaza, mostrándose como si fuese el hombre más afortunado del mundo. Entre más eufóricos, más quieren consumir y, a su vez más quieren presumir lo que ellos consideran logros. Milán le muestra una pistola a Ethan. Piero empieza a mostrar sus joyas de 24 quilates a toda la gente que estaba alrededor diciendo “sigiloso como un cocodrilo”, mientras jala tusi sabor frutos del bosque. En el evento tech, la música baja sus revoluciones, pero las reacciones de las tres amigas no. Elisa sigue triste, Antonella se juntó con un hombre de 50 años hasta besarlo con la condición de que le diera más droga, y si bien más tarde dirá que esto la hizo “sentirse mal”, no le importó y siguió consumiendo. Mientras que María Gracia se dio cuenta que Benjamín estaba muy drogado. “No puedo más. Estoy muy empilado”, le dijo él con los ojos completamente perdidos. El after: caer de vuelta a la realidad Ambos eventos terminan y los grupos de amigos se dirigen a sus casas para reflexionar y seguir con la madrugada, pero con ánimos muy distintos. Piero junto a sus amigos se van hacia un recinto en Cerrillos, donde siguen jalando tusi y lo mezclan con Deucotos. Mientras lo hacen, uno de ellos pone “Háblame de plata” de Galee-Galee y Piero 47. “ Somo' ejemplo de superación. Pa' lo' menore' en la población. Vamo' to' pa'rria' menore’ no jalen. Que fumen Maria ”. Milán ve la foto de su hermana pequeña tamaño carnet en su billetera, mira a su alrededor y le dice a Piero: “ Hermano estamos solos ”. Bastián habla sobre su madre y empieza a llorar. La euforia va desapareciendo de sus cuerpos. Piero dice que el único recuerdo familiar que tiene es el de una foto de su tío, que actualmente tiene demencia. Entonces grita: “no hay ningún énfasis acá”. Al otro lado, María Gracia y sus amigas tienen una crisis existencial porque no consiguieron un hombre, por lo que el after, se reduce a compartir un cigarro para pasar las penas mientras miran el cielo a punto de amanecer por la ventana de la pieza. La fiesta terminó. “El Colegio Médico siempre ha defendido el libre ejercicio de la profesión por parte de los especialistas en donde dicen que ellos pueden prescribir lo que ellos estimen conveniente o quieran. El problema de hacer eso es que tienes personas de buena voluntad, o éticamente correctas, y personas éticamente incorrectas. Con estas últimas, no hay ninguna herramienta todavía que puedas identificar que sea procesable o sancionable al respecto, y si existe no se han utilizado, y esa es una de las problemáticas más grandes hoy en día”, dice Jorge Cienfuegos. “Con el consumo, por lo general se buscan dos cosas: el placer y evadir el dolor. Muchas se encuentran reprimidas o la persona no logra expresar, canalizar, o catalizarla de manera adecuada sin el consumo de la sustancia. No saben cómo gestionarlo bien”, agrega el psicólogo Felipe Irusta de EJE.